El Consell de Govern aprobó ayer la Ley del Sector Público, mediante la cual el Ejecutivo pretende evitar nuevos casos de corrupción en torno a las empresas u organismos públicos, para lo cual se potenciarán los controles destinados a evitar que se produzcan abusos de poder o desvíos de fondos para intereses privados.
Así lo aseguró la portavoz del Ejecutivo autonómico, Joana Barceló, quien confió en que esta Ley sea remitida "lo antes posible" al Parlament para su tramitación y aprobada con la unanimidad de todos los grupos. "Escucharemos las propuestas que presenten PP y UM a fin de garantizar que la norma salga adelante y garantice este control con máxima transparencia y eficiencia", manifestó la portavoz.
Tal y como explicó, la Ley supone la actualización de la ley autonómica del sector público, que data de 1989, y tiene como principal objetivo regular todos los aspectos de su régimen jurídico para sistematizar y dar soluciones a los problemas de "huida" de los controles públicos. Actualmente, el sector público de las Islas está formado por 170 entes, de los cuales 104 son consorcios, 30 fundaciones, 16 entidades públicas empresariales, 15 sociedades mercantiles y cinco organismos autónomos. El Govern remarcó que el 88 por ciento de estos entes públicos fue creado durante la pasada legislatura y detalló que el Ejecutivo participa mayoritariamente en 76, cuyo volumen presupuestario asciende a cerca de 2.000 millones de euros y su deuda a 1.392 millones.
Algunas de las principales características de la nueva Ley son el control del gasto con sistemas comunes en todos los entes, la limitación de las desviaciones del gasto respecto a los presupuestos aprobados, evitar la picaresca en la aplicación de la Ley de Contratos y fomentar la eficacia, eficiencia y transparencia en su gestión.
Otras de las novedades es que impone la autorización previa del Consell de Govern para las contrataciones a partir de determinadas cuantías, mientras que, por otro lado, condiciona el acceso al endeudamiento a corto plazo que esté destinado a financiar los desvíos presupuestarios de dichas empresas públicas.
Más recursos asistenciales
El Consell de Govern aprobó destinar 3,85 millones de euros a la concertación de plazas en residencias para personas dependientes, a través de dos convenios suscritos entre la Conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración y los consells de Menorca y de Eivissa. Esta partida económica se destinará, según informó la portavoz del Govern, Joana Barceló, al mantenimiento y el funcionamiento de plazas residenciales y de centro de día para personas dependientes de las residencias de Santa Rita y Can Blai. En concreto, 2,1 millones de euros irán destinados al concierto de 94 plazas residenciales para personas dependientes y para otras veinte de centro de día de la residencia Can Blai. Los otros 1,75 millones de euros se invertirán en el concierto de 64 plazas de residencia y veinte al centro de día de Santa Rita.
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