El Govern confía en que UM no retire su apoyo a la Ley para aumentar el control sobre el sector público

En rueda de prensa posterior al Consell de Govern extraordinario, el conseller de Presidencia, Albert Moragues, detalló que, a partir de mañana, comenzarán las negociaciones con UM y PP para "tirar adelante" la Ley, algo que harán con "buena voluntad" por lo que esperó "reciprocidad" en este sentido por parte del resto de formaciones.

Por su parte, el responsable de Economía y Hacienda, Carles Manera, detalló que actualmente el sector público de las islas tiene una "dimensión desmesurada" ya que está formado por 170 entes -104 consorcios, 30 fundaciones, 16 entidades públicas empresariales, 15 sociedades mercantiles y cinco organismos autónomos-. Además, remarcó que el 88 por ciento de éstos fueron creados durante la pasada legislatura.

La Ley supondrá la actualización de la normativa autonómica del sector público, que databa de 1989, y tiene como principal objetivo regular todos los aspectos de su régimen jurídico para sistematizar y dar soluciones a los problemas de "huída" de los controles públicos, así como de "abuso de poder".

Esta afectará a los entes en los que el gobierno balear tenga la mayoría de participación o cuya deuda se considere propia de la Comunidad. Así, los entes en los que el Ejecutivo balear participa mayoritariamente son 76, cuyo volumen presupuestario asciende a cerca de 2.000 millones de euros y una deuda de 1.392 millones.

EVITAR LA PICARESCA EN LA LEY DE CONTRATOS

Algunas de sus principales características son el control del gasto con sistemas comunes en todos los entes, limitar la desviación del gasto respecto los presupuestos aprobados, "evitar la picaresca" en la aplicación de la Ley de Contratos y fomentar la eficacia, eficiencia y transparencia en su gestión.

No obstante, alguna de sus novedades es que impone la autorización previa del Consell de Govern para las contrataciones a partir de determinadas cuantías, que condiciona el acceso a la deuda a corto plazo que se destine a financiar los desvíos presupuestarios. Además, impide el exceso de gasto respecto los presupuestos aprobados y el Govern balear podrá acordar que los sistemas de información contable de los entes se integren en el sistema de información económico-financiera general de las islas.

Además, el Ejecutivo reglamentará el tipo de información que los entes tengan que suministrar a la Conselleria de Hacienda, de manera que aquéllos que incumplan esta medida podrán ser sancionados. La normativa también crea los comités de auditoría, que estarán integrados por representantes de la intervención de la comunidad, los auditores y los gestores de los entes, los que realizarán un control continuo de las cuentas.

La ley, que se prevé que inicie su recorrido parlamentario -de unos seis meses- a partir de este viernes, cuando será aprobada por el Consell de Govern, fue anunciada por el presidente Antich en el Debate del Estado de la Comunidad de 2008. Esta establece criterios homogéneos en cuanto a los consejos de administración y los sueldos de los gerentes de los entes públicos.

"Intentamos que el límite de las dietas no pase los 200 euros" señaló Manera. No obstante, determina que mediante acuerdo del Consell de Govern se podrán superar los parámetros establecidos en este sentido.

DEBER DE SUMINISTRAR INFORMACION

En cuanto a las entidades que incumplan los deberes de suministro de información, rendición de las cuentas anuales, tengan informes de auditoría con advertencias reiteradas o no reintegran los fondos autonómicos no utilizados, el Govern balear podrá determinar medidas de control como la necesidad de autorización previa para, entre otras cosas, iniciar la tramitación de operaciones de financiación o para llevar a cabo actos de gestión económica-financiera del ente.

Además, la Ley establece condiciones para la creación de nuevos entes mediante unos requisitos previos como realizar un análisis previo de su necesidad, el diseño de un plan estratégico, la elaboración de un plan de viabilidad o la previsión de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para su funcionamiento.

Preguntado sobre si la futura Ley evitará la aparición de casos de corrupción, Manera señaló que éstos obedecen a la intención que tengan las personas, ya que no exista ninguna ley que los pueda impedir al 100%. No obstante, si la administración "pone un instrumento como la ley el efecto disuasorio es mayor".

El conseller de Presidencia reconoció que para proceder a una eliminación de empresas públicas no es necesario obtener una mayoría parlamentaria puesto que es una "opción de Govern". Así, reveló que actualmente se está en un proceso de fusión de 15 entes públicos y otros cinco lo están en otro de desaparición.

No obstante, Manera declaró que desconocen cuál es el "tamaño óptimo" del sector público aunque, según destacó, se deben evitar "inoperancias, ineficacias y duplicidades". Además, indicó que todavía no han cuantificado el ahorro que supondrá la remodelación del Ejecutivo anunciada este fin de semana, tras la ruptura del pacto con UM.

AUDITORIAS EN TURISMO

Preguntado sobre las auditorías en el área de Turismo, Manera explicó que mientras en las Consellerias hay un control de la intervención delegada, en las empresas públicas, consorcios y fundaciones se hacen auditorías externas, cuyo problema reside en que se hacen a posteriori.

Además, destacó que en la Conselleria de Medio Ambiente no se creó ningún consorcio o entidad durante esta legislatura. Al respecto, la portavoz del Govern indicó que los que se pueden haber desarrollado fueron para ejecutar inversiones o hacer frente a alguna obra.