El diputado Francesc Fiol advirtió de las disposiciones adicionales "con nombre y apellidos" que incorpora esta ley, y que, a su juicio, constituyen un coladero de medidas "ad hoc" para determinados intereses. Fiol anunció que su partido presentará "correcciones" para ampliar la intervención de los ayuntamientos y los consells y para adecuar el decreto a otros sectores productivos, como el comercio, la agricultura y la ganadería.
El conseller de Turismo, Miquel Nadal, subrayó que el objeto de esta normativa es recuperar la confianza de los ciudadanos y los agentes sociales y económicos, poner en marcha medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis y mejorar la competitividad de la industria turística balear.
Nadal subrayó que el texto cuenta con "el más amplio acuerdo social y político que se ha producido en los últimos años" y predijo que los efectos de su puesta en marcha se verán "a partir de octubre".
El diputado Josep Mayans (Grupo Mixto) consideró que la ley "nace un poco coja", aunque destacó como aspecto positivo que se haya basado "en criterios de pacto político y pensando en su aplicación fácil y efectiva".
Biel Barceló (Bloc-PSM/EV) afirmó que los objetivos "son razonables y oportunos", pero añadió que se trata de "un decreto de coyuntura" debido a las prisas con las que se ha sacado adelante. "Creemos oportuno estudiar otras medidas para favorecer la lucha contra la crisis en otros sectores", subrayó.
Por su parte, la diputada socialista Aina Crespí, resaltó que se trata de un instrumento que reactivará la economía en su conjunto y destacó el consenso que ha caracterizado a su tramitación. También se refirió a su carácter "excepcional" por la situación en la que se ha planteado.
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