Àngela Aguiló

No estamos para triunfalismos

Àngela Aguiló14/03/25 4:00

La última Encuesta de Condiciones de Vida ha puesto de manifiesto que no estamos para triunfalismos: Casi 200.000 personas en Balears se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Es cierto, que el indicador AROPE se ha reducido en cuatro puntos respecto al año anterior y que ahora se sitúa en el 16,2%. Sin embargo, estos datos deben ser interpretados con precaución, ya que sólo representan un mínimo de la realidad social. La encuesta se realiza en los hogares, lo que excluye las situaciones de muchas personas que viven en la calle, en asentamientos, en albergues o en caravanas, hecho que va en aumento y que, como todos sabemos, es una realidad más que palpable en el Archipiélago. Este sector de la población, en situación de extrema vulnerabilidad, no queda reflejado en las estadísticas oficiales, por lo que la situación real es seguramente más grave de lo que indican las cifras.

Por todo ello, hay que recordar que uno de los problemas más relevantes que persisten en las Balears es la falta de acceso a una vivienda digna. Pese a la mejora de los indicadores económicos, la pérdida del factor inclusivo del trabajo se manifiesta en la insuficiencia salarial para hacer frente al constante aumento del coste de la vida. Este problema se agrava especialmente en Balears, donde se registra el mayor porcentaje de personas que viven en alquiler. El incremento desmedido de los precios, junto con la discriminación que sufren muchas personas por motivos no económicos –como el origen o el simple hecho de tener hijos– y el crecimiento del parque de vivienda destinado al alquiler turístico, generan una barrera casi infranqueable para muchas familias.

En este contexto, hay que destacar el impacto positivo de las políticas sociales desplegadas en los últimos años, como el escudo social y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No obstante, estas medidas, siendo necesarias, son insuficientes para erradicar la pobreza estructural que afecta a la comunidad. Las desigualdades persisten y si no se toman acciones decididas y contundentes, el problema se perpetuará generación tras generación, consolidando la desigualdad como una norma social.

El empobrecimiento sigue un patrón cíclico que mantiene atrapadas a muchas familias en una situación de precariedad. El actual sistema económico, caracterizado por una estructura salarial que no va en consonancia con el crecimiento y los beneficios empresariales, contribuye a profundizar la brecha social. El acceso a la vivienda, considerado un derecho fundamental, se ha convertido en un lujo inalcanzable para muchos, lo que intensifica las desigualdades e impide a muchas personas desarrollar un proyecto de vida digno.

Ante esta realidad, hoy más que nunca se requiere el papel activo y fundamental del sector público para garantizar la protección de las personas más vulnerables. Y por ello, se hace imprescindible la implementación de medidas que pongan a las personas en el centro de las políticas públicas, dado que solo así, podremos hablar con la boca bien abierta de que las Balears van viento en popa.