Alumnos del Aixa-Llaüt, en una imagen de archivo.  | Joan Torres

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La nueva ley educativa, la LOMLOE, prohíbe que los centros que reciben ayudas públicas a través de conciertos separen a los alumnos por sexo, una práctica que sigue vigente en 87 centros de España, según los últimos datos dados a conocer por las consejerías de Educación. La gran mayoría están vinculados al Opus Dei.

En Balears, solamente hay uno, el Aixa-Llaüt del ParcBit, que segrega a los 711 estudiantes que tiene matriculados este curso en todos los niveles educativos que oferta, que van desde la guardería a Bachillerato. A partir de enero la dirección del centro tendrá que volver a pedir la renovación del concierto educativo de 2,4 millones de euros que mantiene con el Govern y que caduca este curso. La Conselleria d'Educació no repetirá el convenio si el centro no deja de separar a los alumnos por sexo, aparándose en la ley vigente. De hecho, ocho escuelas catalanas vinculadas al Opus han dejado de segregar en las etapas de Infantil y Secundaria para poder seguir manteniendo el concierto este curso.

Para poder recibir ayuda pública, sin embargo, deben demostrar que han dejado de segregar, no basta solamente con comunicarlo. Todos forman parte de la patronal Institución Familiar de Educación, como informó Efe. La misma entidad a la que está adscrita el Aixa-Llaüt. Este diario se puso ayer en contacto con el centro para preguntar sobre este asunto, pero ningún responsable accedió a contestar. Fuentes de la Conselleria aseguran desconocer si el centro emulará a los de Catalunya.

Los conciertos económicos se establecen para garantizar la escolarización y cubrir una necesidad que la oferta pública no puede cumplir. En el caso del Aixa-Llaüt, la Conselleria d'Educació considera que no reúne las condiciones para ser concertado porque en la zona en la que se ubica «no existen necesidades de escolarización» que justifiquen la ayuda. Aun así, los tribunales han dado la razón a las familias y las empresa que gestiona el centro hasta en diez ocasiones. Los jueces consideran que Educació debe aplicar los mismos criterios a todos los colegios privados que han reclamado su derecho al concierto.