Las primeras incógnitas aparecieron cuando la forense que practicó la autopsia al cadáver ratificó su informe «con salvedades», al no descartar que la alta acumulación de cadmio -un metal pesado- pudiese haberse producido por un trasvase «post mortem», citando unos estudios internacionales que examinan casos en los que se ha dado ese fenómeno, pero que consideró que «no eran extrapolables». Similar fue la declaración de la jefa del Servicio Químico del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, que encargó un informe sobre la presencia de metales pesados en el cadáver y que, alegando los mismos motivos, también planteó la posibilidad de que la muerte de la tía política de Lorenzo se debiese en realidad a causas naturales.
El trasvase «post mortem» consiste en que, una vez comienza el proceso de putrefacción de un cuerpo, los metales pesados se redistribuyen desde los órganos que se van descomponiendo hasta la sangre, que termina acumulando, en este caso, todo el cadmio que hubiese acumulado la difunta a lo largo de su vida. En ese línea apuntan los informes a los que se refieren las especialistas, uno estadounidense y otro chino, que estudian casos de personas que, tras su muerte, presentaban elevados niveles de cadmio en sangre sin haber sido víctimas de un envenenamiento. «Nadie ha explicado cómo se produjo el consumo de cadmio ni cuántos antecedentes de envenenamiento por su ingesta aguda se han producido en la literatura médica. El cadmio por sí solo es muy complicado que cause una intoxicación», argumenta en declaraciones a Efe Francisco Pérez, abogado de los investigados.
Sin embargo, uno de los abogados que representan a la familia de la fallecida, Pedro Martín, considera que »todavía nos encontramos en un momento muy lejano« para determinar las causas de la muerte, pero que las últimas pruebas practicadas descartan la teoría de la redistribución 'post mortem'». Tanto el actor -que participó en series como «La que se avecina» o «El comisario»– como su pareja han sostenido desde el principio su inocencia.
Un año de investigación
María Isabel Suárez, de 85 años, vivía en la localidad asturiana de Grado cuando su sobrina Arancha decidió llevarla a Madrid en marzo de 2021, una decisión que no compartían algunos familiares asturianos. Meses después, el 28 de junio, tuvo lugar su muerte –aparentemente por causas naturales– en el domicilio de Rivas Vaciamadrid (Madrid) de los investigados, quienes trasladaron el cuerpo de vuelta a Asturias. En ese momento, el hermano de la difunta sospechó que la muerte podría no ser natural, lo denunció a la Guardia Civil y solicitó una segunda autopsia. Desde entonces, la Benemérita investigó durante cerca de un año a Luis Lorenzo y Arancha Suárez por presuntamente acabar con la vida de la octogenaria con el objetivo de quedarse con su herencia. Esa autopsia reveló un presunto envenenamiento: en el momento de su muerte, María Isabel tenía unos niveles en sangre de cadmio y manganeso -también un metal pesado– 200 y 20 veces por encima de lo normal, respectivamente.
Otro informe del Instituto de Medicina Legal incluido en el sumario del caso determinó que las patologías o trastornos que sufría o había sufrido la fallecida -demencia, accidentes cardiovasculares y otros- no pudieron ser los causantes de su muerte. De dicho sumario se desprende que Lorenzo y Suárez gastaron de forma sospechosa casi 23.000 euros de la cuenta de la octogenaria en los meses que vivió con ellos previos al fallecimiento. De ese montante, 8.800 euros se transfirieron de la cuenta de la anciana a la de los investigados el mismo día del óbito, y 1.800 al día siguiente. A finales del pasado mayo fueron detenidos y pasaron a disposición judicial. Desde entonces se encuentran en libertad provisional con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la comparecencia semanal en el juzgado.
La instrucción avanza entre interrogantes
El juzgado de instrucción número 9 de Arganda del Rey asumió la investigación y desde finales de mayo han desfilado diversos testigos y peritos por delante de la jueza que instruye el caso. Los primeros en testificar fueron los investigados. Luis Lorenzo se acogió a su derecho de no declarar, mientras que Arancha Suárez mantuvo su inocencia. Ya a mediados de junio les siguieron el hermano de la fallecida, que insistió en las sospechas que le llevaron a denunciar, y la mujer que cuidó a la anciana mientras estuvo en Madrid, que relató el «empeoramiento» que sufrió a lo largo de sus últimos meses de vida. El día 22, la forense que apuntó al envenenamiento homicida ratificó «con salvedades» su informe.
Declaró desde los juzgados de Avilés por vía telemática y, aunque no concretase, abrió la puerta a la posibilidad de que la alta presencia de cadmio se debiese a una redistribución de este metal posterior a la muerte. La siguiente declaración, de la jefa del Servicio Químico del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, fue similar e indicó que los niveles de cadmio que reveló el informe sobre metales pesados que encargó al hospital Gómez Ulla podrían ser causa de un trasvase «post mortem». El pasado jueves fue el turno de otra responsable del Instituto de Toxicología, que presentó un informe de histopatología que expone que no se han encontrado evidencias de que sufriese cuerpos de Lewy –la enfermedad a la que, según el sumario, achacaron la muerte los investigados–, aunque puntualizó que se deberían realizar otros estudios para certificar ese extremo.
Además, el estudio descarta que el manganeso presente en el cadáver fuese resultado de una intoxicación de larga duración, sino que podría ser por una ingesta aguda. La semana que viene está previsto que declaren ante la juez varios médicos que trataron a la difunta en sus últimos meses de vida y podrán arrojar algo de luz sobre cuál fue la verdadera causa de la muerte de María Isabel Suárez.
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