Una de las peticiones en auge actualmente en el portal de Change.org, con más de 145.000 firmas de apoyo, recoge la iniciativa de Luis, un donante vivo de órganos que salvó a su hija donando parte de su hígado.
«Me pedí unos días de baja y otros de vacaciones para poder desplazarme a Madrid y someterme a la operación. A una semana de la intervención, fui llamado al despacho del director de Recursos Humanos y me despidieron. Lo que más me dolió fueron sus palabras: 'así podrá usted dedicarse mejor a cuidar a su hija'», describe el impulsor de la petición.
Según describe este ciudadano, muchas personas de la Asociación Española de Ayuda a Niños con enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos (HEPA) han vivido situaciones similares a esta.
«Para hacerme las pruebas de compatibilidad de donante para mi hijo, me desplace varios días al hospital y cuando llevé los justificantes de las pruebas a mi trabajo me indicaron que eran pruebas voluntarias y que yo no estaba enfermo y que no podían aceptar la justificación, que la solución era pedir una excedencia».
Estos dos ejemplos, asegura, no son casos aislados. «Un porcentaje muy alto de los padres que hemos donado un órgano hemos tenido problemas laborales y en la mayoría de los casos hemos perdido nuestro puesto de trabajo», al tratarse de una intervención voluntaria. «Claro que es voluntaria. Voluntariamente queremos salvar la vida de nuestros hijos. Y por eso se nos castiga», lamenta.
Por este motivo, Luis reclama a los ministerios competentes que cambien la legislación laboral, y en estos casos la equiparen, por ejemplo, a la situación de una mujer embarazada, situación agrega, a la que también se accede de forma voluntaria y no por ello supone la pérdida de derechos laborales.
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