Juan Carlos I y el honor de un defraudador fiscal confeso

La situación judicial del emérito quedó más clara hace tan solo unas semanas, cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo informó a favor de inadmitir y archivar la querella en su contra por cinco delitos fiscales, que presentaron ante la Sala Segunda del alto tribunal en noviembre exmagistrados del Supremo y exfiscales, al considerar que la regularización del anterior monarca fue ilegal, aunque el ministerio público la tuvo en cuenta para archivar su investigación.

Los hechos por los que se presenta la querella ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, quién archivó entonces las diligencias al entender que el rey emérito había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de conocer que existía una investigación contra él por fraude fiscal. Los querellantes consideran que la excusa absolutoria de la regularización no cumplió todos los requisitos legales. En su escrito, la Fiscalía del Supremo recordó haber abierto diligencias sobre el rey emérito el 18 de junio y el 5 de noviembre de 2020, que a la postre fueron archivadas en marzo de 2022 «tras una exhaustiva investigación».

El círculo terminó por cerrarse y Juan Carlos de Borbón quedó exento de responder ante los tribunales por supuestamente incumplir sus obligaciones tributarias mientras ostentó la jefatura del Estado. No obstante, en este tiempo no ha quedado exento del escrutinio público, a pesar de haber trasladado su residencia habitual a los Emiratos, y su imagen pública ha quedado muy tocada, incluso entre aquellos sectores más férreamente monárquicos.

La Casa Real guarda silencio, y con él marca distancias, y un expresidente del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero declara que, cuanto menos, la demanda del rey Juan Carlos contra Revilla le resulta «extraña». No obstante la monarquía española se enfrenta, casi sin quererlo, a un nuevo escándalo. La demanda contra Miguel Ángel Revilla por presuntas difamaciones añade un nuevo capítulo a la complicada situación del monarca emérito, y muchos se preguntan si esta acción legal es un intento de restaurar su imagen pública o si, por el contrario, podría tener un efecto contraproducente al reavivar el debate sobre su conducta y traer a colación los 'errores del pasado'.

Lo cierto es que los escándalos en torno a Juan Carlos I han tenido un impacto significativo en la percepción de la monarquía española. En un momento en que ya pocos recuerdan el caso Nóos, el actual Rey Felipe VI ha tratado de distanciarse de las polémicas de su padre y de impulsar medidas de transparencia y regeneración en la Casa Real, algo a lo que contribuye de forma clara el papel de la Princesa de Asturias. No obstante, el caso del rey emérito sigue siendo un tema candente que genera debates sobre el papel de la monarquía en la España contemporánea.