«En los últimos meses, el OBA ha promovido campañas de desinformación que no solo carecen de base científica, sino que también afectan directamente al honor y la reputación de la compañía. Estas afirmaciones falsas o ‘bulos’, han generado una percepción errónea sobre la seguridad alimentaria en el sector, induciendo a los consumidores a una sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad de un sector altamente regulado», argumenta.
Lidl afirma que desde hace más de 30 años ha mantenido «un firme compromiso con la seguridad alimentaria, exigiendo los más altos estándares a todos sus proveedores para asegurar que los productos conservan las mejores condiciones desde el fabricante hasta el cliente final».
Para ello, la compañía realiza «exhaustivos controles a lo largo de toda la cadena de suministro a través de organismos independientes y acreditados». Recuerda que sus productos y su «modelo de producción sostenible están avalados por homologaciones de calidad reconocidas a nivel internacional, como el sistema de gestión de la calidad ISO
9001:2015 y las certificaciones IFS Food (International Featured Standards Food) y BRC (British Retail Consortium), que son exigidas a sus proveedores».
«Además de estas revisiones minuciosas por parte de Lidl, las autoridades y los servicios sanitarios también llevan a cabo controles rigurosos de todos sus proveedores, garantizando así el cumplimiento de todos los requisitos de la legislación vigente», añade.
Por eso habla «un ataque infundado contra la transparencia y el rigor científico». «Las acusaciones vertidas por el OBA han sido sistemáticamente desacreditadas por expertos independientes, y las denuncias presentadas por la propia OBA en el marco de alguna de sus campañas difamatorias, fueron archivadas por la propia justicia, evidenciando la falta de rigor científico en sus afirmaciones y el uso de información tergiversada, carente de rigor y sin contrastar», relata.
Para Lidl, «el OBA ha utilizado esta estrategia de alarma social buscando ejercer presión para que la compañía se adhiera al European Chicken Commitment (ECC)». Aunque la compañía afirma que «comparte los objetivos del ECC», dice que prefiere alcanzar esos objetivos «a través de sus propios mecanismos de control y mejora continua, considerando toda la cadena de valor».
En este sentido, Lidl subraya que «la demanda interpuesta no persigue un objetivo económico, sino la defensa de su honor y la lucha contra la desinformación». Por ello, en caso de que la justicia dictamine el pago de una indemnización, la compañía afirma que destinará íntegramente dichos fondos a «iniciativas que promuevan proyectos sociales».
Lidl asegura que «En los últimos años, el sector alimentario ha enfrentado una creciente ola de desinformación, caracterizada por noticias fuera de contexto, titulares alarmistas y alertas infundadas que no cuentan con el respaldo de las autoridades públicas competentes en seguridad alimentaria y nutrición en España».
Denuncia que «la desinformación puede perjudicar al sector y generar confusión en los consumidores» y hace un «llamamiento a la responsabilidad de las organizaciones y a la rigurosidad de las plataformas de difusión», en especial de los medios de comunicación, que en su mayoría ya ejercen su labor de manera profesional y ética.
Con esta acción, Lidl «reafirma su compromiso con la transparencia y la seguridad alimentaria, pilares fundamentales de su modelo de negocio». Asimismo, se compromete a «seguir mejorando continuamente sus procesos a través de la colaboración con laboratorios independientes y certificadoras, trabajando estrechamente con sus proveedores y promoviendo prácticas sostenibles y seguras, garantizando siempre los más altos estándares en todos sus productos».
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