La ONG y el capitán del Aita Mari han presentado la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y reclaman inicialmente 27.794,75 euros «por daños morales y perjuicios», informa SHM en un comunicado.
La ONG explica en su comunicado que el atunero reconvertido en navío de rescate de migrantes en el Mediterráneo encontró, durante la pasada legislatura, en los puertos de Burriana y Vinaròs, en Castellón, «un refugio para descansar de sus misiones y realizar labores de mantenimiento» y el Gobierno valenciano de ese momento «aplicó una exención de tasas portuarias para las ONG».
El actual Consell, dirigido por el PP, acató una petición de Vox que reclamó las tasas portuarias de los últimos 4 años, que ascienden a 63.000 euros, «lo que en la práctica puede suponer la expulsión de la flota de salvamento humanitario de los puertos de la Comunidad Valenciana», precisa.
Contra esta decisión se produjeron protestas y movilizaciones ciudadanas, en el contexto de las cuales Albiol realizó las mencionadas acusaciones «en varios foros públicos y su partido lo replicó en las redes sociales», remarca.
La vicepresidenta de la ONG, Amaia Iguaran ha advertido de que «los partidos de extrema derecha buscan obstaculizar la ayuda humanitaria» y emplean una «retórica xenófoba alimentando el miedo de la gente hacia la inmigración cuando lo que se aprecia, cada vez que (el Aita Mari) sale al mar, son personas asustadas que huyen del hambre o de las bombas en busca de un futuro mejor».
Frente a las acusaciones de Vox, Iguaran ha señalado que la labor en la defensa de los derechos humanos y el salvamento de vidas en el mar ha sido declarada de interés público y ha recibido prestigiosos galardones tanto de la sociedad civil como de las instituciones.
«A pesar de las exhaustivas investigaciones a las que son sometidas nunca se ha condenado a ninguna embarcación por su labor humanitaria», ha señalado Iguaran, que ha remarcado que la justicia italiana ha anulado la detención administrativa del barco Geo Barents, fletado por Médicos Sin Fronteras.
SMH ha indicado que para presentar la querella la ONG ha contado con la asistencia letrada de la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra ya que fue ella, desde ese cargo, «quien propuso que los barcos de ayuda humanitaria pudieran refugiarse en los puertos de Burriana y Vinaroz gracias a la exención de las tasas». Desde que el Aita Mari comenzó a operar en el Mar Mediterráneo en 2019 ha rescatado 1.328 personas.
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No se dispara a la cruz roja. Es una ley no escrita de los campos de batalla. Los que prestan socorro y ayuda humanitaria no son parte de la disputa. Vox debería de aplicárselo. Si sus enemigos son las mafias de la inmigración, los gobiernos receptores que no expulsan y los países emisores, que se centren en ellos. Las ONG rescatan a gente a la deriva en el mediterráneo. Una vez que le prestan primeros auxilios y asistencia, les desembarcan en tierra. A partir de allí es responsabilidad del país receptor su expulsión. Es legítimo que la pidan. Pero a los gobiernos implicados, no a las ONG que están haciendo el trabajo de rescate que los propios gobiernos no ejecutan. Es una cuestión humanitaria, no se debería tratar con populismo.