En una entrevista con EFE, Saiz espera que el informe que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) debe publicar antes del próximo 1 de abril no lleve a activar esa cláusula, una salvaguarda de carácter trienal fijada en la reforma de las pensiones acometida por su predecesor en el cargo, José Luis Escrivá, en aras de seguir evaluando la sostenibilidad del sistema.
«Todos los datos van en la buena dirección, mejoran las previsiones», ha subrayado Saiz, que recuerda, entre otros indicadores, la mejora de la relación entre cotizante y pensionista o el objetivo de que la denominada «hucha de las pensiones» termine la legislatura con más de 30.000 millones de euros.
Junto a esto, la ministra subraya la buena evolución del mercado laboral que supera los 21,3 millones de cotizantes y que va a registrar en febrero -unos datos que se conocerán la próxima semana- unas cifras «extraordinariamente positivas».
El cruce de los datos de la AIReF, que evalúa las medidas de ingresos, con las proyecciones de gasto del Informe de Envejecimiento publicado por la Comisión Europea determinará si es necesario tomar medidas adicionales si la diferencia entre ambas variables supera el 13,3 % del PIB.
Si se da ese caso, el Gobierno deberá negociar con los agentes sociales medidas para que no se supere ese porcentaje, un escenario que por ahora no contemplan y que, en última instancia, llevaría a un incremento automático en la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo finalista de cara al proceso de jubilación de los nacidos durante el «baby boom» que tocará techo en 2050.
«El Gobierno es el principal interesado en la sostenibilidad del sistema de pensiones», ha incidido la titular de Inclusión.
Sobre otro de los temas pendientes para este año, la negociación de las cuotas de autónomos para el próximo trienio, Saiz espera convocar a las asociaciones después de la primavera para seguir avanzando en el despliegue del sistema de cotización por ingresos reales.
«Somos el primer Gobierno que ha dado respuesta a una reivindicación histórica del colectivo de autónomos: cotizar por ingresos reales» defiende Saiz, que recuerda que este cambio permitirá ir atajando la brecha de protección social que sufre el colectivo.
Según lo acordado en 2022, durante este año se volverán a reunir el Gobierno, los agentes sociales y las asociaciones de autónomos para pactar las tablas de los tres siguientes años y volverán a hacerlo en 2028 para los tres siguientes, culminando así el máximo del periodo transitorio previsto.
El objetivo es que en 2032 la cotización ya esté directamente vinculada a los ingresos reales de cada autónomo.
La ministra también confía en poder sacar adelante cuanto antes el reglamento del fondo del amianto, una norma «compleja técnicamente» en la que participan varios ministerios y comunidades autónomas.
«Estamos trabajando para que todos los trámites puedan ver la luz», insiste la titular de Seguridad Social, que volverá a reunirse con sindicatos y representantes de las víctimas este mes de marzo.
Las víctimas del amianto siguen sin poder acceder a las ayudas previstas en el fondo, aprobado en octubre de 2022, pero pendiente aún del necesario desarrollo reglamentario.
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