El abogado Gonzalo Boye. | Europa Press

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Las últimas jornadas judiciales sobre la llamada operación Mito han dado para mucho. Este martes el histórico narcotraficante y contrabandista gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, se ha negado a declarar en el juicio. A resultas de este hecho el tribunal ha suspendido el procedimiento «sine die», ante la imposibilidad de uno de los 45 acusados a comparecer por problemas de salud.

Cuando en esta jornada 17 de la vista que celebra la Audiencia Nacional desde el pasado 18 de noviembre el magistrado ha llamado a declarar en primer lugar a Sito Miñanco, para quien la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión por el intento de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, ocultar más de 11 millones de euros y blanquear esa ingente suma económica, este ha dicho que no declararía «por recomendación de mi abogado».

La defensa de otro acusado ha señalado entonces que este no se encuentra en condiciones de comparecer por motivos de salud. Entonces el presidente de la Sala ha comunicado: «Se suspende el juicio sine die, que puede ser empezar de nuevo». Antes que este contratiempo se evidenciara en la sede judicial se han vivido declaraciones reveladoras. Por ejemplo la abogada Isabel Elbal, socia de Gonzalo Boye, letrado conocido en las esferas políticas por haberse hecho cargo de la defensa del expresident catalán Carles Puigdemont, ha defendido que este no participó en el blanqueo de dinero de la red de Sito Miñanco.

Asimismo, sostuvo que Boye realizó solo tareas de asesoría legal para un cliente que intentaba recuperar cerca de 900.000 euros confiscados en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Gonzalo Boye, conocido abogado del expresidente catalán, se enfrenta también a una solicitud fiscal de nueve años y nueve meses de prisión por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsificación documental.

Detalles del caso

Las acusaciones contra Gonzalo Boye se fundamentan en los eventos del 6 de febrero de 2017, cuando a Manuel G.R. y a otros cuatro acusados les fueron incautados casi 900.000 euros en el aeropuerto de Madrid, supuestamente destinados a Colombia. Según el acta policial, Manuel G.R. explicó que el dinero era suyo y lo llevaría para establecer un negocio en dicho país sudamericano. Boye está acusado de colaborar en la creación de documentación falsa para justificar el origen de ese dinero, lo que él niega, explicando que lo único que brindó fue consultoría legal.

Gonzalo Boye es un abogado conocido por haber defendido al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en varios procedimientos legales. Boye ha sido objeto de interés mediático y legal en diversas ocasiones, y su participación en este caso ha llamado la atención por su presunto vínculo con actividades ilegales de blanqueo de dinero, aunque él y su defensa sostienen la inocencia y la naturaleza legítima de sus acciones. Tanto Isabel Elbal como otros letrados del despacho que también han testificado en este proceso han asegurado que Gonzalo Boye no dio instrucciones para extremar las cautelas sobre los documentos aportados en el Sepblac y en el Juzgado o para alterar o eliminar documentación.

Ramificaciones y contexto legal

El caso de Sito Miñanco revela no solo operaciones derivadas del narcotráfico sino también complejas tramas de blanqueo de capitales que involucran a varios actores. La confesión de Manuel G.R. sobre la propiedad del dinero incautado, y su destino, añaden un componente crítico a la investigación, complicando las defensas de quienes se ven salpicados por estas relaciones, incluidas las de profesionales legales como Boye, que a menudo deben navegar en aguas turbias donde sus roles son puestos en cuestión.

La operación Mito es un operativo judicial contra una red de narcotráfico supuestamente liderada por Sito Miñanco, implicando varios delitos como tráfico de drogas y blanqueo de capitales en España. Este juicio ha generado un interés considerable debido a la repercusión mediática de sus implicados, y podría establecer precedentes cruciales en cómo se manejan los casos de blanqueo de capitales y la participación de abogados en actividades sospechosas. Gonzalo Boye es relevante por su vinculación con Carles Puigdemont y otros casos mediáticos, lo que añade una capa de complejidad al juicio y una atención pública significativa a las acusaciones en su contra en el contexto actual.