En concreto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, avanzó el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que ofrecerá a sindicatos y patronal "ayudas directas a la productividad" para aquellos sectores que se pueden ver más afectados por la reducción de la jornada laboral, poniendo como ejemplo a las peluquerías, el comercio y la limpieza.
Esta medida se sumará al plan ya planteado por el Ministerio como "acompañamiento" a las pequeñas empresas, que incluye bonificaciones para la contratación de un trabajador por compañía cuando la misma esté relacionada con la implantación de la reducción de la jornada. El plan de Trabajo estima que unas 80.000 empresas se acogerán a estas bonificaciones, lo que supondría la creación de unos 60.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Pese a esta nueva medida en favor de las empresas, Pérez Rey avisó de que lanzará su "última oferta" y que los interlocutores sociales digan "de una vez si esto vale o no vale para llegar a un acuerdo".
"Haremos la última oferta en la mesa del día 29, esperaremos a que las organizaciones nos respondan, y si podemos contar con la patronal, será para nosotros una gran noticia, será muy bienvenida a ese acuerdo, pero si no podemos contar con ella, intentaremos, lo digo claramente, un acuerdo con las organizaciones sindicales de este país", aseveró.
"Suena a chantaje"
Pero poco efecto parecieron tener estas palabras en la posición de la CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, rechazó a preguntas de los medios en los Premios Princesa de Asturias de este viernes que el Ministerio de Trabajo haya dado un "ultimátum" para la reunión de la mesa y advirtió de que "suena a chantaje" que se diga que si la patronal firma el acuerdo habrá ayudas para las pymes y si no se traslade que "ya no os doy nada".
"Me parece increíble. Si el Ministerio tiene claro que esto es así y que hay que ayudar a los pequeños, hombre, suena a amenaza o me parece con poco sentido el decir: si dices que no, entonces ya no os doy nada". Además, juzgó que eso es "poco serio y responsable". "A mí la palabra ultimátum, yo siempre digo, soy vasco, no estoy acostumbrado a los ultimátum", ironizó Garamendi, quien negó que la mesa de la reducción de la jornada sea realmente de diálogo, porque tiene ya el "resultado tasado" de desde el inicio.
Mientras, desde CCOO y UGT insisten en que la negociación está "bloqueada" y amenazan con endurecer las protestas para tratar de forzar a CEOE a cambiar de posición y empujar a los partidos a pronunciarse con claridad sobre la medida.
Medida populista
Precisamente, la diputada del PP Alma Alonso alertó este miércoles de que la reducción de la jornada laboral, tal y como la plantea el Ministerio de Trabajo y Economía Social, "es una medida populista y cortoplacista que puede desincentivar la contratación en un contexto donde el desempleo sigue siendo uno de nuestros principales problemas".
De esta manera, el PP endurece el tono contra la rebaja de la jornada laboral que promueve el Gobierno, una medida que hasta el momento no había rechazado frontalmente. De hecho, antes del verano, los ‘populares’ se abstuvieron cuando Sumar presentó en el Congreso una proposición no de ley (PNL) acerca de la reducción de la jornada.
En septiembre, además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrió la puerta a estudiar una jornada laboral de cuatro días en sectores cuya productividad no se viera afectada. No obstante, días después, presentó una propuesta legislativa sobre conciliación sin que se hiciera alusión a esa cuestión.
Así las cosas, Alonso indicó que "esta decisión unilateral no sólo atentaría contra la libertad de empresa, sino que además en ciertos sectores podría poner en riesgo miles de empleos, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que son las que sostienen al final el tejido productivo de España".
Nueve meses
Y todo ello cuando se cumplen ya nueve meses de negociaciones, que dieron comienzo a finales de enero, después de que Sumar incluyera en el acuerdo de Gobierno de coalición reducir la jornada de 40 a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 en 2025.
Tras varios encuentros, sindicatos y patronal negociaron en primavera bilateralmente pero sin llegar a un acuerdo, lo que hizo que en mayo Trabajo volviera a coger las riendas de la negociación. En junio y en la primera mitad de julio, la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, avisó a la patronal de que si al llegar a agosto no se alcanzaba un acuerdo, la medida saldría adelante igualmente.
Así, la tensión entre Díaz y la CEOE fue 'in crescendo', con los sindicatos dispuestos a que se redujera la jornada sin CEOE. Pero antes del parón de agosto Yolanda Díaz destensó la cuerda y abrió la puerta a seguir negociando en septiembre.
Se mostró "convencida" de las posibilidades de acuerdo y puso sobre la mesa en las últimas semanas un plan de acompañamiento a las empresas más pequeñas con bonificaciones para la contratación de trabajadores cuando ello estuviera motivado por la aplicación de la reducción de la jornada laboral. Pero para la patronal no fue suficiente y se mantuvo en el 'no'.
Ahora, Trabajo vuelve a advertir de que se agota el tiempo y mantiene su compromiso de que exista una medida concreta antes de final de año y que en 2025 la jornada se reduzca a 37,5 horas.
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