El Congreso responde al conflicto institucional por la amnistía: «El Senado podrá decir misa y nosotros podremos escucharla o no»

En los pasillos del Congreso de los Diputados, el vicepresidente socialista de la Cámara Baja ha sido preguntado por ese requerimiento de Senado y ha contestado marcando distancias: «El Senado podrá decir misa y nosotros podremos escucharla o no». Gómez de Celis no ha querido adelantar cuál será la respuesta del Congreso, remitiéndose a la iniciativa que presente el PP en la Cámara Alta y a su aprobación: «Ya veremos», se ha limitado a decir. A diferencia del Senado, en la Cámara Baja la mayoría de la Mesa la tienen PSOE y Sumar.

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado este miércoles al PP de utilizar el Senado para plantear de forma «filibustera» un conflicto entre las Cámaras sobre la Ley de Amnistía que se eleve al Tribunal Constitucional. De esta forma se ha referido al anuncio de los populares de llevar al Tribunal Constitucional el 'choque' entre Senado y Congreso por la Ley de Amnistía.

En declaraciones a los medios informativos en Barakaldo (Bizkaia) antes de asistir al acto de inauguración de WindEurope 2024, la principal cita del sector eólico europeo que se celebra en el BEC, Ribera se ha mostrado convencida de que «el PP está utilizando el Senado con una vocación que es diferente a aquella para la que aparece recogido en la Constitución». «Veremos, efectivamente, hacia dónde van estas demandas, un poco filibusteras, sobre cuál es el papel que corresponde a cada una de las Cámaras», ha añadido.

Según ha recordado la vicepresidenta del Gobierno, la Ley «ya ha pasado por el Senado» y «tocaba al Congreso hacer la correspondiente valoración de las enmiendas y de las propuestas que procedían del Senado». «Corresponde hacer los ajustes en la Comisión, cosa que ya ha ocurrido, y queda completar esa trayectoria en el Congreso», ha añadido. En opinión de Ribera, este «este conflicto institucional» corresponde resolverlo en los servicios jurídicos «y, en su caso, en el Tribunal Constitucional, si se plantea ese conflicto de competencias ante» el alto Tribunal.