El ingreso mínimo vital no logra frenar la pobreza: «Su despliegue está siendo muy limitado»

El jueves, el ministerio de Inclusión publicó las primeras cifras de hogares que actualmente están cobrando esta prestación de subsistencia. Hasta ahora, el Gobierno se había limitado a informar del número de altas acumuladas —es decir, de cuántas personas habían llegado a percibir la ayuda— pero no comunicaba las prestaciones activas.

Los resultados han sido decepcionantes. En febrero, 376.073 familias españolas recibían esta ayuda, que beneficia a 964.787 personas. Si contáramos también a quienes perciben solo el complemento de ayuda para la infancia, la cifra se elevaría hasta 557.405 (1,7 millones de personas). Estamos hablando de que solo el 47% de las personas que teóricamente podrían beneficiarse del IMV lo están haciendo (un 37% si se incluye el complemento a la infancia), según el número de beneficiarios teóricos que calcula la Airef. Estos porcentajes son lo que se conoce en la jerga sociológica como el take-up.

"Los datos confirman que hay una baja implementación del IMV, pero creo que se puede decir que es más grave de lo que pensaba", explica Manuel Alvariño, investigador en el Instituto Universitario Europeo, en conversación con 20minutos. "La ineficiente implementación del ingreso mínimo vital se corresponde con persistentes elevadas tasas de pobreza", agrega el especialista.

"Estamos en un take up muy bajo, con la ayuda a la infancia todavía aún más por debajo que el general", apunta, por su parte, Lucía Gorjón, investigadora de la fundación Iseak a este periódico. "Es verdad que es una prestación joven y que estamos como construyéndola todavía, pero no nos tenemos que conformar en absoluto", agrega.

Hay otros datos que apuntan a que el ingreso mínimo no está funcionando todo lo bien que debería. Uno de los más llamativos es que, pese a que los niveles de pobreza son muy diferentes entre autonomías, la implantación del ingreso mínimo varía muy poco entre ellas. Alvariño pone el ejemplo de Canarias y Andalucía. "Con una tasa de pobreza similar, en Andalucía hay el doble de beneficiarios por población que en Canarias", apunta. Estos datos llevan a este investigador a concluir que la asociación entre pobreza e implantación del IMV es "muy baja".

Una de las posibilidades por las que se puede estar dando este fenómeno es que se esté produciendo un solapamiento entre las rentas mínimas que abonan las comunidades autónomas y el ingreso mínimo. "Muchas personas que sí que reciben el ingreso mínimo vital lo hacen porque antes recibían una renta mínima autonómica que se ha convertido de oficio en ingreso mínimo vital", señala Gorjón. "Con lo cual, realmente el despliegue del ingreso mínimo vital en sí, más allá de los que ya cobraban rentas autonómicas, está siendo muy limitado", agrega. La Airef ya advirtió de esta posibilidad cuando presentó su evaluación sobre el ingreso mínimo, aunque precisó que la falta de solidez de los datos autonómicos dificulta analizar esa sustitución.

Desde el Gobierno tienen una visión más optimista sobre el despliegue de la ayuda. Fuentes del ministerio de Inclusión trasladaban el jueves que el ingreso mínimo llega ya al 4,6% de población en España, un porcentaje que consideran "francamente increíble". En este sentido, hay que tener en cuenta que el propio diseño de la ayuda hace que, aunque funcionara a pleno rendimiento, solo alcanzaría a la mitad de los hogares en riesgo de pobreza.

En el ministerio son conscientes de las dificultades que ha encontrado esta prestación que se puso en marcha en 2020, pero creen que se ha convertido ya en una realidad muy notable. Las fuentes señaladas defienden que el ingreso mínimo ha provocado ya una redistribución de la renta hacia los hogares más pobres y que gracias al refuerzo del 15% que se introdujo el año pasado se logró absorber el 80% del shock inflacionario sobre los hogares que lo cobraban.

Hacia una ayuda de oficio

Los obstáculos que explican el despliegue del ingreso mínimo son conocidos y habituales en este tipo de ayudas. El papeleo es complejo, muchos de los potenciales beneficiarios de la ayuda no saben que existe o no son conscientes de que cumplen los requisitos para obtenerla. Además, en algunos casos la cuantía que recibirían es tan baja que no les compensa el esfuerzo que supone solicitarla.

La solución al problema de fondo, coinciden los expertos consultados, sería que la administración se encargue de buscar a los beneficiarios y les entregue la ayuda de oficio. "Para mí la solución definitiva sería ofrecer el IMV de manera automática, unificando datos con las distintas administraciones del Estado. Si la Seguridad Social y Hacienda cruzan datos de ingresos, contribuciones y las prestaciones que reciben, podrían identificar automáticamente quienes son los potenciales beneficiarios y, o bien, notificarlos u otorgarles la cobertura directamente. Es la solución para convertir esto en una renta mínima de verdad", señala Alvariño.

"Hay un montón de barreras que actúan para que la gente no llegue a solicitar una prestación a la administración. Hay que cambiar el chip y que sea la administración pública quien busque a las personas que pueden percibir prestaciones sociales en general y el IMV en particular", sostiene Gorjón. Para ello, la declaración de la renta debería pasar a ser obligatoria para toda la población, incluida la más desfavorecida.

Por lo pronto, los dos expertos sugieren otras mejoras que se podrían introducir más rápidamente para mejorar la situación. Una de ellas sería utilizar los datos fiscales del año en curso y no los del ejercicio anterior, como ocurre actualmente. También se podrían suavizar los umbrales máximos de renta y patrimonio que se permiten para percibir la ayuda o aumentar un poco más la generosidad de la ayuda, para incentivar las solicitudes.