La Mesa del Congreso fija el 7 de marzo como tope para la Ley de Amnistía

El órgano de gobierno de la institución tomó esa decisión el pasado 6 de febrero y fijó un primer plazo de 15 días naturales que finalizaba este miércoles, día 21. Pero el pasado sábado el PSOE solicitó más tiempo para poder seguir negociando con Junts.

En ese escrito, que lleva la firma de la secretaria general del Grupo Socialista, Montse Mínguez, no se especificaba de cuánto debía ser esa prorroga. La Mesa ha decidido dar dos semanas de margen y establecer como nuevo tope el día 7 de marzo.

Y ya no podrá haber nuevas ampliaciones porque el artículo 131.2 del Reglamento deja claro que si una iniciativa de rango orgánico no logra recabar el voto de la mayoría absoluta y ha de ser devuelta a la comisión correspondiente, ésta "deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes". Como la Ley de Amnistía se tramita por el procedimiento de urgencia -que implica reducir los plazos a la mitad- la Mesa, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos, fijó un primer periodo de 15 días para el nuevo dictamen, y ahora ha concedido una prórroga con la misma duración.

Durante las dos primeras semanas que la Mesa del Congreso dio de plazo a la Comisión de Justicia ésta no se ha reunido, aunque el PSOE y Junts sí han mantenido conversaciones para intentar reconducir la situación. A partir de este martes cuentan con otros 15 de margen para lograrlo. Aunque el plazo vence el 7 de marzo, la Comisión de Justicia puede reunirse antes de esa fecha si se alumbra un acuerdo. La previsión es que el nuevo dictamen, si lo hay, se eleve al siguiente Pleno de la Cámara.

Si los grupos deciden apurar los plazos para la negociación podrían intentar que se debata la semana del 11 de marzo pero y, si no es posible, irá la del 18. Allí la ley será sometida de nuevo a dos votaciones. Primero se votará el dictamen de la comisión y después tendrá lugar la votación de conjunto por tener carácter orgánico y que sólo será fructuosa si el texto recaba el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara. Si esto sucede, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y quiere retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses puesto que ese es el límite que establece la Constitución.