La medida beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, especialmente a mujeres y jóvenes. Aunque se aprobará ya entrado el mes de febrero, tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.
El pacto se cerró a mediados de enero entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos CCOO y UGT, con el rechazo de CEOE y Cepyme, pero el decreto debía seguir una serie de trámites legislativos para poder llegar al Consejo de Ministros.
El acuerdo bilateral se produjo tras cuatro reuniones en las que también participaron los representantes de los empresarios. En esta ocasión, la cifra no fue el principal problema para el pacto este año.
La propuesta inicial de la patronal pasaba por una revalorización del 3% y un 1% más a posteriori en función de la evolución de la inflación, pero estaba supeditado a que el Gobierno indexara los incrementos del SMI al coste de los contratos públicos que se vieran afectados por este indicador, así como la aprobación de una bonificación del 20% de las cotizaciones a las empresas del sector del campo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró receptiva a la petición de los contratos públicos pero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó de plano la medida. Ello alejó la posibilidad de que la patronal apoyara el alza del 4%, ya que ponía como condición indispensable este aspecto.
Los sindicatos apoyaron la solicitud de la CEOE sobre contratos públicos pero precisaron que la desindexación del SMI fue una medida adoptada en 2015 por el Gobierno del PP, con mayoría absoluta. Además, creen que se debía abordar en otra mesa de negociación futura, al margen de la subida del SMI de este año.
"Chantaje"
Los sindicatos proponían subidas de al menos el 5%, pero cuando el Ministerio de Trabajo planteó como punto intermedio el 4%, se abrieron a firmar esa cifra si era con la CEOE en el pacto.
En este contexto, desde el Ministerio de Trabajo avisaron a la CEOE de que "quien no entra a un acuerdo, normalmente paga las consecuencias de no hacerlo" y, en consecuencia, al descolgarse la patronal del pacto y calificar este aviso de "chantaje", el Ejecutivo cerró finalmente un acuerdo con la parte sindical en el 5%.
Tras ello, Díaz lamentó la negativa de la CEOE y llegó a acusarla de no estar "del lado de la gente de su país", indicando que tendría que dar «explicaciones», ya que con su decisión había "perjudicado" los intereses de las empresas a las que representa.
Tras esto se sucedieron días de choque dialéctico entre la titular de Trabajo y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y no solo a cuenta del SMI, sino también de la propuesta de Díaz de abrir un debate sobre el salario de los directivos de las grandes empresas.
Igualmente, la patronal criticó que la vicepresidenta segunda dijera en el Congreso de los Diputados que la jornada laboral se reducirá con o sin acuerdo, lamentando que se convoque una mesa de diálogo en la que ya se anuncia de antemano el resultado de la misma.
1 comentario
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A este paso puede darse la paradoja de que existan sueldos -por convenio-, inferiores al SMI. Si suben los salarios y no aumenta la productividad, la supuesta mejora es solo una ilusión. (El burro que persigue la zanahoria atada a un palo).