"Nuestra enmienda con texto alternativo viene a dejar claro que el PP está en contra de la amnistía y que además tenemos una propuesta alternativa", defendió el jueves el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que fue el encargado de presentar un día antes la propuesta registrada por su partido. En lugar de legislar la medida de gracia, los de Feijóo quieren reformar el Código Penal para introducir una serie de delitos de "deslealtad constitucional", entre los que incluyen la organización de referéndums ilegales, la declaración de la independencia de una parte del territorio nacional y la incitación a la desobediencia de la legislación vigente.
Para castigar estos delitos, el PP sugiere imponer "pena de disolución" a las organizaciones promotoras de estas prácticas, incluidos los partidos políticos. "La responsabilidad penal de los partidos políticos no es nada nuevo, es una figura que está en el ordenamiento jurídico desde 2012", aclaró Tellado. "En España no se persigue a nadie por sus ideas, sino por sus actos si son delictivos", añadió, remarcando la pertinencia de tipificar como delito la convocatoria de consultas ilegales y las declaraciones de independencia.
La propuesta de los populares será debatida el miércoles -junto a la enmienda presentada por Vox y a otros asuntos como los objetivos de déficit y el decreto 'ómnibus' de medidas anticrisis- en una sesión plenaria que se trasladará al Senado, debido a que el Congreso está en obras. La alternativa a la amnistía planteada por Génova esta abocada previsiblemente a ser rechazada por el PSOE y sus socios de investidura, excluyendo a Coalición Canaria.
Pese al aciago horizonte inmediato, el PP insiste en su compromiso de intentar frenar la ley pactada por PSOE y Junts. "Creemos que la ley de amnistía es un grave error del Gobierno socialista, que en el PSOE deben recapacitar. Tenemos pocas esperanzas de que lo hagan, pero nosotros cumplimos con nuestra obligación constitucional de defender el Estado de derecho, nuestra democracia y la vigencia de nuestra Constitución frente a los ataque de los independentistas con la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez", afirmó el miércoles Tellado.
El portavoz del PP en el Congreso advirtió de que la enmienda a la norma en la que se regula la medida de gracia "no es el final" sino el "punto de partida de una actividad política, social y legal que desplegará el PP para tratar de rearmar y fortalecer el Estado". "Retrasar y bloquear la ley de amnistía es uno de los mandatos fundamentales de esta legislatura", recordó. De hecho, los de Feijóo llevan volcados en tejer su ofensiva contra la amnistía desde el inicio del curso político.
Un camino de obstáculos
Desde el primer momento, los populares se han afanado por entorpecer la andadura parlamentaria de la ley de amnistía, pidiendo la revocación del letrado mayor del Congreso antes de que este se pronunciara sobre la constitucionalidad del texto y de la decisión de la Mesa de admitir a trámite la norma. Ambas peticiones fueron desestimadas, dada la mayoría progresista del órgano rector de la Cámara Baja.
En cambio, los populares controlan el Senado, donde han aprovechado su mayoría absoluta para modificar el reglamento de la Cámara Alta y hacer que sea esta la que decida si una proposición de ley remitida por el Congreso se tramita o no por la vía de urgencia -tal y como pretende el PSOE-, abriendo así la puerta a dilatar la tramitación. "El año político no podía empezar peor, con el intento de tramitación exprés de ley amnistía", criticó el miércoles Tellado. Los populares también han utilizado su control del Senado para forzar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal tengan que pronunciarse sobre la norma, una petición que fue rechazada en el Congreso.
Fuera del procedimiento parlamentario, los de Feijóo han alentado el debate político, sacando músculo con su poder territorial. Los presidentes autonómicos del PP debatieron en el Senado una moción sobre "convivencia democrática" y han unido fuerzas para exigir que el Gobierno convoque la Conferencia de Presidentes, en la que pedir cuentas a Pedro Sánchez sobre los efectos de sus pactos. Además, los populares han movilizado las calles en contra de la amnistía y han hecho llegar al Parlamento Europeo el debate en torno a la medida de gracia.
El foco vuelve ahora a las Cortes Generales, donde la andadura de la ley pactada por PSOE y Junts no ha hecho más que empezar. A la norma le espera por delante todo un proceso de tramitación que los populares prometen intentar torpedear al máximo, sin perder de vista que, en caso de que finalmente la medida de gracia sea aprobada, la pugna continuará en el Tribunal Constitucional.
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