El Gobierno encara la negociación de los Presupuestos con sus socios divididos y el escollo añadido de superar el veto del Senado

Esta segunda cuestión es quizá la más acuciante para el Ejecutivo. La arquitectura institucional española otorga al Senado un rol de cámara territorial, pero sus vetos habitualmente no son definitivos: si la Cámara Alta derriba una proposición o proyecto de ley que llegue del Congreso, este texto vuelve automáticamente a la Cámara Baja y ese veto puede levantarse y la norma entrar en vigor. El Senado, por tanto, no tiene la capacidad de torpedear de manera definitiva normas aprobadas por el Congreso... a excepción de una: la senda de estabilidad, que precisamente es imprescindible para sacar adelante los Presupuestos.

Según establece la ley, antes de remitir un proyecto de cuentas a las Cortes, el Gobierno debe informarles tanto de las cifras de déficit y deuda que prevé que se registren durante los siguientes años como del techo de gasto, esto es, la capacidad máxima de inversión pública que pueden incluir los nuevos Presupuestos. Y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria señala que los objetivos de deuda y déficit deberán recibir la aprobación de Congreso y Senado para salir adelante. Y esa es precisamente la excepción a la norma habitual: en este caso, si una de las dos cámaras rechaza el texto, el Gobierno no puede iniciar la tramitación de los Presupuestos.

Habida cuenta de que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, con total probabilidad la Cámara Alta votará en contra de la senda de estabilidad remitida por el Gobierno, lo que con la legislación actual supone, en la práctica, que bloquearía la capacidad del Ejecutivo de aprobar las cuentas de 2024. Por tanto, si el Gobierno quiere sacar adelante sus Presupuestos, tendrá primero que acometer la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para adecuarla al funcionamiento habitual del poder legislativo, por el cual el Congreso puede levantar los vetos que establezca el Senado.

Ese paso previo requerirá, incluso aunque se utilicen todas las vías legales para acortar los plazos, unas cuantas semanas de retraso que se añadirán al ya apretado calendario para aprobar los Presupuestos. Y eso que la cuestión no es nueva: ya en febrero 2020 el Gobierno inició los trámites parlamentarios para quitar al Senado la capacidad de bloquear definitivamente la senda de estabilidad, pese a que la pasada legislatura el PSOE y sus aliados tenían mayoría en la Cámara Alta y el PP no podía ejercer la capacidad de veto. No obstante, en marzo de ese mismo año estalló la pandemia mundial, la UE decidió suspender temporalmente la aplicación de sus reglas fiscales para fomentar la recuperación económica y la reforma de la Ley de Estabilidad quedó guardada en un cajón.

La negociación con los grupos

Más allá de ese problema jurídico, el Gobierno tendrá que enfrentarse a varios problemas políticos derivados de la frágil mayoría parlamentaria con la que cuenta. Es cierto que, junto a todos sus socios, el Ejecutivo reúne 179 votos en el Congreso, tres por encima de la mayoría absoluta. Pero es una incógnita si los ocho escaños de Junts servirán para dar estabilidad al Ejecutivo durante la legislatura o si, por el contrario, torpedearán leyes clave como los Presupuestos de 2024. Y no solo eso: el presidente Pedro Sánchez tendrá que lidiar con la enorme inestabilidad en la que está sumido su socio de Gobierno, Sumar, donde los cinco diputados de Podemos ya han anunciado que no piensan someterse a la disciplina de voto que marque la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Esa estrategia de los morados, inmersos en una guerra abierta con Díaz por la hegemonía en el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE pese a seguir compartiendo grupo parlamentario, se pondrá a prueba precisamente en los Presupuestos. Fuentes de Podemos ya han avisado de que exigirán al PSOE negociar su apoyo a las cuentas por separado en lugar de someterse a las directrices de Díaz y acatar el resultado de las negociaciones que mantenga ella con los socialistas. Y eso significa que no descartan ni votar a favor del proyecto ni tampoco oponerse, pese a que la segunda opción supondría derribarlo y dejar al Gobierno muy golpeado.