La Fiscalía Europea ha abierto 50 causas en España en los dos años que lleva de andadura

También tuvo gran repercusión medíatica la investigación que abrió al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en relación a un contrato de compra de mascarillas en pleno estado de emergencia por el COVID que finalmente fue archivado. Son siete fiscales los que integran la delegación de la Fiscalía europea en España, que desde sus comienzos preside la que fuera fiscal de Anticorrupción en el caso Gürtel, Concha Sabadell, cargo que abandonará cuando finalice su primer mandato, ya que así lo establece el reglamento que rige este órgano para salvaguardar la independencia de la institución. Cuenta también con un cuerpo de funcionarios que componen su oficina, si bien, dado el volumen de casos y la necesidad de presentar periódicamente informes a su sede en Luxemburgo traducidos al inglés, se consideran del todo insuficientes, según fuentes de esta novedosa institución europea.

Las funciones de los fiscales europeas se asemejan a las de un juez de instrucción, como tomar declaración o nombrar peritos, y solo tienen vedadas aquellas diligencias que afecten a derechos fundamentales -como decretar la prisión o la puesta en libertad-, que quedan en manos del llamado juez de garantías, labor que en España es ejercida por los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional y, de afectar a aforados, recae en la Sala Segunda del Tribunal Supremo o los tribunales de Justicia correspondientes.

Para salvaguardar su independencia, los fiscales europeos no representan tampoco al estado que les nombró, sino que dependen directamente de la Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, donde las decisiones tampoco las adopta la fiscal general europea sino que se alcanzan de forma colegiada y tres fiscales de distinto estado miembro al del procedimiento son los que lo supervisan.

Según la ley que regula la Fiscalía europea, sus competencias se limitan a los casos en los que ven afectados fondos europeos y siempre que los delitos presuntamente cometidos tengan una pena superior a 5 años de cárcel, si es inferior corresponde la instrucción a los tribunales nacionales. También es de su competencia cuando la pena es inferior pero el delito es instrumental.

Las fuentes de la Fiscalía europea han señalado que en estos casi dos años han comprobado que en España falla la detección de casos de corrupción de fondos o subvenciones europeos, de los que tienen constancia principalmente a través de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). También reclaman poder crear unidades de apoyo con Policía, Guardia Civil y con Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), si bien en este último caso el Ministerio de Hacienda está ofreciendo menos reticencias.

Se trata, dicen las fuentes, de un complemento en los trabajos de investigación en las causas complejas del que España ha sido pionera y ha exportado a otros países, por eso, el no haber podido aún crearlos en la Fiscalía europea, está resultando decepcionante. Tampoco están conformes con las limitaciones de acceso a bancos de datos como el del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) por lo que para consultar las titularidades financieras deben dirigirse formalmente al órgano correspondiente para obtener esa información, lo que ralentiza el procedimiento.

En un principio, se les negó ese acceso porque la Fiscalía Europea no era considerada un órgano judicial y pese a una reciente reforma en la ley, todavía se encuentran con obstáculos para obtener directamente esos datos. Lo novedoso de este órgano ha derivado en algún conflicto competencial con los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional como el que ha elevado el juez Joaquín Gadea como juez de garantías al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la resolución de un recurso en contra de la citación de testigos.

Una cuestión que, en contra de lo que pudiera parecer, también apoya la delegación española de la Fiscalía Europea porque su resolución, que se espera pueda dilatarse unos dos años, servirá para clarificar las competencias de cada uno de estos órganos, aseguran las fuentes consultadas