Cómo se expulsa a un migrante en situación irregular en España

En 2022, el Ministerio del Interior inició un total de 34.949 expedientes de expulsión de extranjeros y ejecutó 2.627. Uno de los procedimientos abiertos fue el de Kanjaa, que residía en España desde 2019 y desde el pasado mes de junio tenía pendiente su expulsión al estar en situación irregular. Desde Interior han explicado que, al tratarse de un procedimiento administrativo con todas las garantías, su ejecución "no es inmediata" y por eso aún estaba en España.

¿Qué dice la ley?

La ley de extranjería establece que estar en situación irregular es una infracción grave que puede conllevar la expulsión del país. Cuando la persona en situación irregular es identificada, se inicia el procedimiento que se tramita por la vía administrativa y la orden de expulsión la emiten las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.

Fuentes de asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes consultadas por Efe han explicado que no es un proceso rápido ni sencillo. Cuando se abre un procedimiento de expulsión, la persona tiene la posibilidad de presentar alegaciones y pruebas, pudiendo recurrir por la vía contenciosa.

Según ha fijado el Tribunal Supremo, solo se debe acordar la expulsión si se dan circunstancias agravantes como tener antecedentes penales, no tener documentación, no tener domicilio fijo, no tener familia o desconocer por dónde y cuándo entró en España, entre otras, añaden las fuentes consultadas.

Mientras se tramita ese expediente, se pueden imponer medidas cautelares para garantizar la ejecución de la posible expulsión que se acuerde, como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas ante la policía. Como última opción puede acordarse que la persona ingrese en un Centro de internamiento de extranjeros (CIE), donde el plazo máximo de estancia es de 60 días, aunque las ONG denuncian que muchas veces el tiempo de estancia es superior al legal.

Cooperación entre países

Las fuentes consultadas remarcan que, aunque se acuerde la expulsión no siempre se puede ejecutar, por ejemplo, porque no haya acuerdo de readmisión con el país de origen. Fuentes de Interior consultadas por Efe admiten que, si bien España es uno de los países europeos con mayor capacidad de retorno, los niveles "están muy lejos de los deseados", e inciden en las trabas que hay para ejecutar las órdenes de expulsión.

En este sentido, señalan que aparte de tener acuerdo de readmisión, el país tiene que reconocerlo como un ciudadano suyo, permitir la llegada de esa persona y, si no tiene pasaporte es necesario. el país de origen tiene que emitir un salvoconducto para poder viajar. "Es aquí donde se forma un embudo", reconocen dichas fuentes.

Bajos niveles de retorno

Subrayan, además, que los niveles de retorno todavía son inferiores a los de antes de la pandemia ya que debido al cierre de fronteras y las restricciones sanitarias las devoluciones se pararon. "Desde entonces se ha ido trabajando para recuperar al menos esa misma capacidad y se va a seguir trabajando porque todavía nos queda", añaden las fuentes.

Las dificultades también surgen a la hora de notificar formalmente la orden de expulsión a la persona. Reciben una notificación y si no comparecen, la próxima vez que se les identifique por la calle o en otro lugar se ejecuta la expulsión. Además, si pasan más de seis meses desde que se inicia el procedimiento hasta el decreto final de expulsión, hay que archivar el expediente e iniciar otra vez los trámites.