El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva Ley de Empleo, que ha contado con el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria y PDeCAT, mientras que PP, Ciudadanos y Junts se han abstenido y Vox y el BNG han votado en contra. De este modo, el proyecto de ley pasa a tramitarse en el Senado en sus fases de ponencia, comisión y Pleno. En caso de incorporar enmiendas en la Cámara Alta, el texto volvería al Congreso para su aprobación definitiva.
La nueva norma transformará el actual Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en una nueva Agencia Estatal de Empleo, lo que prevé permitir una mejor gestión y funcionamiento sin que suponga un cargo económico para el erario. Asimismo, durante su trámite en comisión ha incorporado una modificación en el Estatuto de los Trabajadores pactada entre Gobierno y EH Bildu para que Inspección de Trabajo se pueda pronunciar en un despido colectivo o Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Este último punto provocó una dura reacción de la CEOE y Cepyme, que indicaron que para ellos el Ministerio de Trabajo y Economía Social quedaba «invalidado como interlocutor fiable», al entender que esta modificación era «tramposa y contraria a la buena fe». De hecho, durante el debate de la ley este también fue el punto donde los grupos arrojaron mayores discrepancias.
En este sentido, el diputado de ERC, Salvador I Lluch, calificó esta reforma del Estatuto como un «avance y una mejora» que abre la puerta a seguir aprovechando las oportunidades «para seguir consiguiendo derechos». Del lado de EH Bildu, Oskar Matute aseguró que para su grupo es «un honor» que la CEOE se molestara por esta modificación en el texto, ya que de lo contrario supondría «un horror» para su grupo. Enfrente se posicionó el PP, a través de su diputado Diego Movellán Lombilla, quien calificó como una «traición» este cambio y acusó al Gobierno de «venderse al mejor postor». Del lado de Vox, Juan José Aizcorbe, consideró que la enmienda «revienta» los acuerdos tripartitos alcanzados en el seno de la reforma laboral.
Por otro lado, el texto incorpora otra reforma del Estatuto de los Trabajadores para 'blindar' la inembargabilidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cualquiera de sus cuantías, ya sea en términos mensuales o anuales. De su lado, el Gobierno acordó con Esquerra Republicana (ERC) la elaboración de un plan bienal para el fomento del empleo digno que estará financiado con los Presupuestos Generales del Estado.
En lo que respecta al plan bienal, este se elaborará por el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las CCAA y la Agencia Estatal de Empleo y previa consulta de organizaciones empresariales y sindicales. No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aclaró que la nueva Ley de Empleo no transferirá la gestión de las prestaciones públicas de desempleo a las comunidades autónomas, una afirmación vertida desde el PP y que la ministra calificó como «inveraz».
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