Vox volverá a enfrentarse la próxima semana con Irene Montero en el Pleno del Congreso pidiendo directamente su dimisión

24/11/2022 La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 llegaron al Pleno del Congreso de los Diputados el lunes 21 de noviembre para someterse a la última votación antes de pasar al Senado. El Pleno del Congreso aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, previsiblemente con una amplia mayoría y con la incorporación de más de doscientas enmiendas, un texto que luego deberá continuar su tramitación en el Senado. Por el momento, el proyecto de ley ya tiene asegurados los 174 votos que necesita para ser aprobado por mayoría simple, PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1). Si ERC confirma su apoyo a las cuentas ampliará la mayoría hasta los 187 votos favorables. El Congreso celebra, tras finalizar el Pleno dedicado a los Presupuestos Generales del Estado para 2023, una nueva sesión en la que se ha programado el debate de toma en consideración de la proposición de ley del PSOE y Podemos para acabar con el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés'. Además, se vota el impuesto a la banca, energéticas y grandes fortunas. POLITICA Carlos Luján - Europa Press | Carlos Luján - Europa Press

Madrid27/11/22 0:29
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La encuesta de DYM para Ultima Hora pone de relieve la clara y rotunda opinión de los electores de que el Ministerio de Igualdad, al frente del cual está la dirigente de Podemos Irene Montero, es el responsable de los efectos negativos de la polémica ley del ‘solo el sí es sí' en los tribunales de Justicia. Así, un 56,7 % de los encuestados le atribuye a la ministra esta responsabilidad, frente a un 31,8 % que cree que las excarcelaciones y reducción de penas que ya se están produciendo desde la entrada en vigor de la ley es atribuible a la interpretación de algunos jueces.

Por lo que respecta a la ley en sí, preguntados los electores sobre si creen que en la nueva norma están tipificados y bien regulados los delitos contra la libertad sexual, la mitad de ellos, un 50,7 % opina que ‘no', mientras que en el polo opuesto del ‘sí' se sitúa en el 29,9 %. Aquí, la diferencia de opinión entre hombres y mujeres tiene importante brecha. Un 33,0 % de los hombres sí está de acuerdo con lo tipificado en la nueva ley, mientras que este porcentaje baja al 26,7 % en el caso de las mujeres.

La sedición

Otra de las cuestiones de actualidad que aborda el sondeo demoscópico es el reciente inicio del trámite parlamentario para la reforma del delito de sedición, que pasará a ser tipificado en el Código Penal como de desorden público agravado y que prevé una reducción importante de penas respecto del actual ilícito penal.

La opinión negativa a esta reforma legislativa es abrumadora. Un 69,1 % de los encuestados se manifiesta ‘poco' o ‘nada de acuerdo' con la reforma, frente al 16,7 % que responde estar ‘bastante' o ‘muy de acuerdo' con la misma.

Los encuestados creen que esta importante reforma tendrá un coste político para el PSOE, principal partido en el Gobierno y promotor del cambio normativo. Así, un 52,9 % opina que los socialistas perderán votos y solo un 7,8 % cree lo contrario, que sumará sufragios en las próximas elecciones.

La pretensión del Gobierno de reformar el delito de malversación con una sustancial rebaja en las penas es otra de las preguntas de la encuesta de DYM. Aquí, un 71,1 % de los encuestados está ‘poco' o ‘nada' a favor de la incitativa del Gobierno. En el polo opuesto, solo el 10,6 % está ‘bastante' o ‘muy de acuerdo' con la rebaja de penas.

Sobre los motivos que tiene el Gobierno para promover esta iniciativa, la mayoría de los encuestados (un 56,5 %) manifiesta que el verdadero motivo del Ejecutivo es contentar a los partidos con miembros condenados por malversación –en referencia los políticos del ‘procés'– para así asegurase su apoyo. Un 28,9 % sí considera que la reforma supone un paso para equiparar la legislación española a la europea.