Al cabo de estos doce meses de periodo probatorio tendrán otros diez años en los que también se verán sometidos a una serie de controles judiciales y restricciones sobre todo en sus desplazamientos. Algunas de esas medidas restrictivas tienen que ver con las víctimas de los atentados. La Fiscalía tiene todavía cinco días para poder presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, pero, aun en el caso de que lo hiciera, eso no suspendería la decisión de la sala de aplicación de penas sobre su salida de la cárcel. «Es una decisión justa y adaptada» a la situación de Parot, que tiene 71 años y «ha manifestado esfuerzos de adaptación social», destacó a Efe su abogado defensor, Julien Brel, que además consideró que los jueces han tenido en cuenta el desarrollo del «proceso de paz» en el País Vasco durante los últimos años. La abogada de Esnal, Maritxu Paulus Basurco, manifestó a Efe su satisfacción por este dictamen, que llega casi cinco años después de que hubiera formalizado la demanda para la liberación condicional. La letrada, que hizo notar que su cliente tiene 72 años, insistió en que si hubiera sido condenado en España por los mismos hechos, ya habría terminado su pena, como la ha finalizado allí Henri Parot, hermano de Ion y antiguo miembro igualmente del comando Argala.
Jakes Esnal fue arrestado junto a Ion Parot y a Frederik Haranburu en el País Vasco francés en abril de 1990 inmediatamente después de la captura en Sevilla el 2 de ese mismo mes de Henri Parot, hermano del segundo. Como los tres tienen nacionalidad francesa y entonces Francia no extraditaba a sus nacionales (eso ha cambiado con las euroórdenes dentro de la Unión Europea), ambos fueron juzgados en París y condenados a cadena perpetua. Haranburu logró obtener la libertad condicional en noviembre de 2020, pero no los otros dos, que han seguido entre rejas. Henri Parot sí que está encarcelado en España, pero ya no por su condena por los crímenes del comando Argala, sino por otro delito cometido después en prisión.
En un comunicado de la plataforma Bakebidea que desde hace años reclama cambios en la política penitenciaria en favor de los presos etarras, se felicitó por este dictamen judicial que «tiene en cuenta el contexto actual del País Vasco». En el comunicado, firmado por buena parte de los representantes políticos del País Vasco francés (diputados, senadores, alcaldes, representantes regionales y municipales) dijo esperar que este dictamen «traduce un cambio de visión de la Justicia francesa sobre el proceso de paz iniciado en 2011». A su juicio, esto «debe abrir el camino para el tratamiento global de la cuestión de los presos y de los exiliados y del conjunto de las consecuencias del conflicto». Eso significa que el Estado francés y el español deben «comprometerse activamente» en la puesta en marcha de «un dispositivo de justicia transicional» que garantice «el reconocimiento de todas las víctimas, de sus derechos, la búsqueda de todas las verdades y la identificación de los orígenes del conflicto».
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