Impuestos a las compañías de la energía, una solución utilizada por gobiernos de toda clase

Italia, país que no pasa por su mejor momento en cuanto a estabilidad en clave interna, es para algunos analistas el espejo en el cual el presidente del Gobierno se ha mirado para trazar el nuevo tributo a bancos y energéticas. Su presidente, Mario Draghi, exmandatario del Banco Mundial, hizo recientemente en público un chiste sobre la «falta de corazón» de los banqueros, y con total insensibilidad hacia los balances de las grandes compañías de energía ha elevado las retenciones de estas hasta un 25 %. No perdamos de vista que Endesa es parte de la empresa pública italiana del sector, vendida en su momento tras ser privatizada, de modo que en cierta forma, las rentas del precio de la luz en España sirven para alimentar el negocio privado y también las arcas públicas italianas.

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Es algo que de un modo u otro sucede en gabinetes de derecha y centroderecha de prácticamente todo el continente. Hace pocos días Emmanuel Macron, un político ciertamente alejado en muchos términos de la sensibilidad de la izquierda, ha apostado por nacionalizar al completo la eléctrica EDF, consciente que en los tiempos que corren en la esfera internacional la energía es quizás el bien más estratégico y preciado. En paralelo el interino Boris Johnson ha impulsado en las últimas fechas un incremento de la presión fiscal sobre las empresas petroleras del Reino Unido, unas de las que han adquirido mayores beneficios extraordinarios motivados por el alza en los precios. En Grecia el primer ministro Kyriakos Mitsotakis ya aplacó el pasado mes de mayo la subida de la factura de la luz con nuevos impuestos a los beneficios de las grandes eléctricas, aunque hubiera preferido una respuesta común por parte de la Unión Europea (UE). Curiosamente Viktor Orban en Hungría, poco sospechoso de progresista, aprobó en su día ajustes para la banca, siendo el único caso de este tipo en el contexto comunitario.

En las últimas horas los bancos en España han puesto énfasis en que el nuevo impuesto extraordinario anunciado por el Gobierno dificulta la capacidad del sector de generar o atraer capital, lo que puede contribuir al deterioro de la economía española y encarecer el crédito en un momento en el que ya suben los tipos de interés. Aunque las entidades están a la espera de conocer los detalles sobre la creación de un impuesto para recaudar unos 1.500 millones anuales durante dos ejercicios, algunas fuentes financieras consultadas coinciden en la arbitrariedad de una medida de estas características y la inseguridad jurídica, además de penalizar a las entidades financieras españolas frente a sus competidoras y hace que la mayor inestabilidad en el sector acabe repercutiendo en las finanzas públicas.

El apunte

Calviño se reunirá con el sector

Ante la inquietud de la banca, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha rechazado que el nuevo impuesto vaya a afectar a las inversiones en España o al crédito y ha avanzado que la próxima semana se reunirá con los afectados. En una entrevista radiofónica Calviño ha subrayado que es el momento de «arrimar el hombro» y que es «lógico que quienes tenga beneficios extraordinarios aporten».

La vicepresidenta ha señalado que «antes o después» todos los países «van a tener mecanismos similares», ha incidido en que se está concretando el diseño de la medida y ha avanzado que la semana que viene se verá con la patronal del sector bancario AEB y las principales entidades financieras.