Hasél suma 1 año y 4 meses de cárcel más por no pagar multas de la sentencia

En un decreto, que puede ser recurrido, el servicio de ejecutorias de la Audiencia Nacional establece una nueva liquidación de la condena impuesta a Hasél por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y las instituciones del estado y le obliga a cumplir dos años y un mes de cárcel, en total, por la sentencia por la que está interno en el centro Ponent de Lleida.

Hasél, que acumula otras condenas y causas abiertas, ingresó en la cárcel de Lleida el pasado 16 de febrero para cumplir una condena de nueve meses que le impuso en 2018 la Audiencia Nacional -y que fue ratificada por el Supremo- por enaltecimiento del terrorismo, al alabar a ETA y los Grapo en publicaciones de Twitter.

El encarcelamiento del rapero desató una oleada de protestas, principalmente en Cataluña, que durante semanas han derivado en disturbios y enfrentamientos con la policía.

El rapero sigue sin pagar la pena de multa de 29.340 euros, sustituible por un año y cuatro meses de cárcel, que la Audiencia Nacional le impuso en sentencia.

Por ese motivo, el tribunal acordó el pasado 17 de febrero el embargo de los bienes del procesado, una gestión que ha resultado infructuosa porque carece de propiedades que puedan servir para pagar la multa, de manera que se le ha acabado declarando insolvente.

De esa forma, en la nueva liquidación de su condena, Hasel tendrá que cumplir entre rejas un año y cuatro meses de cárcel, a no ser que en el futuro cuente con bienes que puedan ser embargados o haga frente al pago de la responsabilidad civil que se le reclama.

Además de la sentencia que ha motivado su ingreso en prisión, Hasel cuenta con otra condena de dos años y medio por amenazar a un testigo de un juicio contra un guardia urbano de Lleida, que la Audiencia de Lleida confirmó hace apenas unas semanas.

El rapero acumula otras condenas: la primera, de dos años de cárcel por enaltecer en sus canciones el terrorismo de ETA, los Grapo, Terra Lliure o Al Qaeda y que es de 2014, quedó en suspenso por orden de la Audiencia Nacional.

Suma dos penas más, firmes y dictadas en 2018, por allanamiento de local y resistencia y desobediencia a la autoridad, y otra pendiente de recurso por agredir a un cámara de TV3 que cubría un encierro de estudiantes en la Universidad de Lleida.