El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, no se ha explayado y simplemente ha concluido este macrojuicio con un sencillo «visto para sentencia», tras lo cual el público ha abandonado la sala, así como los abogados y los acusados, nueve los cuales han emprendido de nuevo su camino a la prisión de Soto del Real, donde han estado internados durante toda la celebración de la vista oral.
La última sesión de este juicio se ha limitado a escuchar los últimos informes de las defensas y los turnos de última palabra de los acusados. Todos han hecho uso de este derecho que les da la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la mayoría han empleado casi la totalidad de los 15 minutos que les había otorgado el tribunal.
Durante estos cuatro meses exactos de juicio, los siete magistrados han escuchado a los doce acusados, 422 testigos --entre políticos, guardias civiles, policías nacionales, mossos, visitantes internacionales, votantes y otros miembros de la sociedad civil-- y una docena de peritos. También han visionado cerca de 200 vídeos de lo ocurrido el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, tras lo cual llegó el momento de los informes finales, tanto de las acusaciones como de las defensas.
Los últimos alegatos de los acusados se han extendido durante unas dos horas, en las que casi todos han apelado al tribunal para que dicte una sentencia que «solucione» lo que han denominado como un «problema político» que el Poder Judicial no puede corregir.
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Todos a soto del real, y la llave al fondo del mar.