La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que de este incremento se beneficiarán unas 500.000 personas, la mayoría mujeres, que verán incrementada su pensión de viudedad un 7,7% a partir del 1 de agosto de este año, cuando la base subirá al 56%, y otro 7,1% desde el 1 de enero de 2019, cuando la base reguladora escalará hasta el 60%.
Con esta subida se desarrolla la disposición adicional trigésima de la reforma de pensiones de 2011, en la que se contemplaban mejoras para las pensiones de viudedad de mayores de 65 años con menores ingresos. El Gobierno de Mariano Rajoy fue aplazando su cumplimiento año tras año a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En concreto, dicha disposición establecía que el Gobierno adoptará las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública equivalga al 60% de la base reguladora (ahora es del 52% con carácter general), siempre que no perciban ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia ni tampoco rendimientos o rentas que, en cómputo anual, superen el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.
La disposición establecía que la subida hasta el 60% de la base reguladora se llevaría a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años.
Finalmente, y según lo recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, esta subida se hace en dos años para cumplir con los plazos establecidos: la base reguladora aumentará desde el 52% al 56% a partir del 1 de agosto de este año y subirá desde el 56% al 60% el 1 de enero de 2019.
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