La líder de ERC ha seguido el camino de las defensas de otros compañeros de partido asegurando que la declaración de independencia no tuvo efectos jurídicos.

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El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado este lunes decretar la libertad bajo fianza de 60.000 euros para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tras escuchar su declaración, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado libertad bajo fianza -cuya cantidad no han concretado- para Rovira tras escuchar su declaración en el Alto Tribunal.

Por su parte la acusación popular, ejercida por el partido Vox, ha solicitado que la dirigente independentista ingrese en prisión incondicional al entender que hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva, han señalado fuentes presentes en la declaración.

Según las mimas fuentes, Rovira ha manifestado que trató de acudir a todas las reuniones a las que era convocada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en relación con el denominado 'procés' en Cataluña.

También ha manifestado que la declaración de independencia fue una declaración o manifestación política sin efectos jurídicos para iniciar un periodo electoral posterior.

Rovira ha declarado durante unas dos horas y ha demostrado, según la acusación popular, tener una especie de «amnesia selectiva» sobre su papel en las diferentes reuniones que se celebraron en relación con este proceso.

También habría reconocido que conoció la conocida como «hoja de ruta» que firmaron todos los partidos independentista en marzo de 2015 y que ella suscribió en representación de ERC. Rovira ha respondido a las preguntas que ha realizado la exfiscal general del Estado y fiscal del Supremo Consuelo Madrigal, que ha estado asistida por su compañero del Ministerio Público Jaime Moreno, y no ha contestado a las preguntas de Vox.

Diferentes documentos e intervenciones telefónicas que obran en el procedimiento la sitúan como pieza clave en la organización del referéndum ilegal y de otros actos investigados por presunta rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.