Eduardo Ranz, el abogado que ha presentado las denuncias ante un juzgado señala en un comunicado que Santiago Cantera ha cometido «un delito de atentado contra la autoridad, de desobediencia y resistencia» al oponerse a permitir la exhumación de estos cuerpos.
Según el abogado, Patrimonio Nacional ha «reconocido» el derecho a exhumar de las familias y ha «resuelto» que se trata de «una sepultura de cementerio público, y no religioso». Con estos argumentos, solicita en las doce denuncias que se condene al responsable de la abadía benedictiniana del Valle de los Caídos a «realizar trabajos de exhumación a plena fosa».
Asimismo, Ranz pide al prior que se «disculpe cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo» y que se entreviste con familias víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Además, reclama que «sea condenado a estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas».
El abogado explica que una resolución de Patrimonio Nacional establece que a los osarios existentes en el conjunto monumental del Valle de los Caídos les corresponde la calificación jurídica de «cementerio público y no la de cementerio de la Iglesia sin que, por tanto, tenga la condición de lugar sagrado ni les alcance por ello la garantía de inviolabilidad» del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede.
También apunta que otra resolución de Patrimonio Nacional emitida el pasado año 2017 «reconoce el derecho de esta parte a la exhumación de los resto mortales de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás. Las denuncias, que ya han sido registradas, aún no han sido admitidas a trámite.
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