El Tribunal Supremo investiga la implicación de la senadora en un supuesto delito de blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como «pitufeo», supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad, y que están relacionadas con el llamado caso Imelsa.
Consistían, supuestamente, en que concejales y asesores del partido entregaran mil euros al grupo municipal y les fueran devueltos en metálico en billetes de 500.
La exacaldesa ha negado que sus mil euros le hayan sido devueltos y mucho menos que haya conocido ese tipo de prácticas supuestamente usadas por su partido para blanquear dinero usado para financiarse, según fuentes jurídicas.
En todo caso, ha remitido al comité de campaña, en el que ella no participaba, para cualquier investigación en ese sentido.
Respuestas limitadas
Barberá ha comparecido durante una hora aproximadamente ante el juez Cándido Conde Pumpido, el fiscal Juan Ignacio Campos y la acusación popular ejercida por el PSOE. Ha respondido de manera muy concisa a las preguntas, abundantes, de los dos primeros, y no a las de la acusación popular, según otras fuentes presentes en la comparecencia.
Sus respuestas han sido siempre limitadas. Son las mismas explicaciones que figuran en sus alegaciones ante el juez instructor del caso en Valencia y a ellas se ha remitido en todo momento, por lo que las fuentes citadas consideran que la comparecencia de hoy ha arrojado pocas novedades.
Barberá ha llegado esta mañana antes de las 10.00 horas a la sede del Tribunal Supremo para declarar voluntariamente como investigada o imputada. La exdirigente del PP valenciano se ha presentado con abrigo negro y chaqueta roja, y con aspecto abatido. A su salida, un reducido grupo de personas la esperaba mostrando una pancarta contra la corrupción.
Ni Barberá, ni su abogado, José Antonio Choclán, han querido hacer declaraciones a los medios. Han esperado dentro de la sede del tribunal hasta que ha llegado un taxi al que habían llamado, de modo que han podido alejarse del Supremo a bordo del mismo sin tener que permanecer más que unos segundos en la calle, donde se escuchaban algunas imprecaciones que el grupo reducido de personas que les esperaba les lanzaban.
Pieza del caso Imelsa
La investigada ha comparecido de manera voluntaria para que el magistrado Cándido Conde Pumpido la pueda interrogar antes de decidir si pide al Senado el suplicatorio para actuar contra ella o archiva la causa.
La causa abierta por el Supremo se apoyó en el informe favorable del fiscal y deriva de la exposición razonada que envió al alto tribunal el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el denominado caso Imelsa.
La investigación se relaciona con varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros.
Asimismo se indaga si con donaciones de mil euros de concejales y asesores que todos los investigados reconocen haber efectuado y que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500, se trató de blanquear ese dinero de supuesta procedencia ilícita.
En el auto que abrió la causa contra Barberá el Supremo destacaba que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el Juzgado pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.
«Resulta imprescindible continuar la investigación sobre los hechos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla», dijo el Supremo.
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