En su escrito de acusación, remitido este jueves a la Audiencia Nacional, Anticorrupción además acusa a los otros 64 usuarios de las tarjetas por un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre cuatro y un año de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.
Con respecto a los expresidentes de la entidad, la Fiscalía pide además de las penas de prisión, una indemnización de 9,3 millones de euros para Miguel Blesa y otra de 2,6 millones a Rodrigo Rato, correspondientes a las cantidades utilizadas por los usuarios de las tarjetas en el periodo en que cada uno de ellos presidió la entidad.
Esta acusación llega después de que el 23 de diciembre del pasado año el juez instructor del caso Fernando Andreu diese por concluida la fase de investigación y dejase la puerta abierta al juicio oral al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito por parte de los 66 usuarios de las tarjetas.
Andreu estimaba así «indicios fundados de criminalidad», ya que éstas «no tenían como finalidad los gastos de representación o profesionales».
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