Alonso ha hecho estas declaraciones tras una reunión en Moncloa para analizar la evolución de los diez años de la ley integral contra la violencia machista, y se ha referido al próximo encuentro que el 2 de septiembre mantendrá Sanidad con las comunidades para tratar la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares.
«Me parece muy importante que haya un sistema armonizado a nivel estatal» porque «cada uno por libre no funciona, no va bien; quizá se quiere ir por libre para tener un titular de prensa, pero eso no resuelve el problema», ha resaltado en referencia a algunas comunidades que han anunciado distintas formas de atender a los inmigrantes «sin papeles» en sus regiones.
El pasado lunes, la consellera de Salud del Govern balear, Patricia Gómez, dijo sentirse orgullosas de haber devuelto ya 600 tarjetas sanitarias para «atender con normalidad» a personas en situación irregular y calificó de «inaceptable» la advertencia del Ministerio de Sanidad de que esta medida puede ocasionar multas millonarias de la UE.
El ministro ha recalcado: «No es que me parezca importante a mí, le parece también a la Constitución porque la competencia es del Estado».
Alonso ha hecho hincapié en que al Gobierno le gusta «hacerlo todos juntos, con las comunidades autónomas» y se ha mostrado a favor de arreglar este asunto «importante porque afecta a las personas».
«Es un país serio -ha proseguido- y las cosas se hacen de manera ordenada. Por tanto, no se pueden librar tarjetas sin control porque eso es irresponsable y porque traía como consecuencia que, antes de que se arreglara la ley en 2012, se estuvieran perdiendo mil millones de euros por turismo sanitario».
Por eso, ha mostrado su sorpresa de que algunas comunidades sigan dando asistencia a personas que «no tienen registradas en ningún sitio», porque eso «no es un planteamiento serio».
«No es razonable ir aprobando normas por libre, que además incorporan elementos que son peligrosos y que no ofrecen todas las garantías», según el ministro, que espera que el día 2 se pueda alcanzar «una alternativa seria».
Un documento, ha concluido, que «dé garantías de que todas las personas están siendo atendidas, pero que no introduzca en España aquello que tuvimos que corregir en 2012».
Preguntado sobre si va a pedir a comunidades, como la de Madrid, que paralicen sus planes para atender a los irregulares a la espera de la reunión del día 2, el ministro ha asegurado que «realmente nunca ha habido una dejación de atención y que se ha seguido atendiendo a las personas, con independencia de la situación en la que se encuentre».
Pero ha recalcado que sería «muy razonable» que las partes tengan una misma visión el miércoles.
El objetivo es que esa visión se plasme de forma «inminente» porque además, según Alonso, Sanidad ya tenía un planteamiento «muy avanzado y trabajado» con las consejerías correspondientes antes de las elecciones autonómicas, que cambiaron el mapa político ya que el PP dejó de ser mayoría en el Consejo Interterritorial de Salud.
«Ahora vamos a ver si podemos cerrar ya ese trabajo», ha dicho el ministro.
Ha recordado que las directivas europeas obligan, por ejemplo, a los propios ciudadanos comunitarios a tener cobertura sanitaria si quieren tener la residencia legal en otros país de la UE a los tres meses de llegar al país.
Si las comunidades devuelven la tarjeta sanitaria a los irregulares, también tendrían que atender a los ciudadanos europeos que acudan a esa región y que no paguen el seguro en su país de origen, según explicó recientemente el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno.
Y el año pasado España ingresó 576 millones por la asistencia a ciudadanos europeos en la sanidad pública española, ha detallado el ministro.
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