En la víspera de la celebración de la quinta reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que aúna a las entidades proconsulta, Catalá ha dicho que el Gobierno no acudirá al TC de nuevo si la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de la consulta alternativa.
«Si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico», ha subrayado el ministro.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, ha remitido sendas cartas a la vicepresidenta catalana y a la consellera de Enseñanza de la Generalitat en la que les recuerda la «importancia» de que no contravengan la decisión del TC, a lo que el gobierno catalán ha respondido que está «siempre» comprometido con «el cumplimiento del principio de la legalidad».
Ante la posibilidad de que este viernes asuman la dirección del 9N las entidades del Pacto, el coordinador general de CDC, Josep Rull, ha subrayado que es el Govern quien «tira adelante» este proceso y que «quien pone las urnas el 9N es un presidente -el de la Generalitat- que se llama Artur Mas», sin perjuicio de que lo apoyen las organizaciones civiles.
Por su parte, el conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha asegurado que los Mossos d'Esquadra deben cumplir la legalidad y qu, «en el caso extremo» de que hubiera una orden de jueces o fiscales para retirar las urnas que se instalen el 9N, la atenderán «como no puede ser de otra manera».
Los Mossos d'Esquadra estarán en máxima alerta el domingo y desplegarán por toda Cataluña a un total de 6.992 agentes, en un dispositivo que estará dirigido en el Centro de Coordinación por el conseller de Interior y la cúpula de la policía catalana.
Convencido de que Mas cumplirá con la legalidad, el portavoz parlamentario del PPC, Enric Millo, ha exigido al presidente catalán que «dé la cara», «rectifique» su rumbo y acate la suspensión del 9N por parte del TC, para así evitar «accidentes inútiles».
En el frente judicial, el Tribunal Supremo ha rechazado anular la decisión del Gobierno de recurrir ante el Constitucional la convocatoria por parte de la Generalitat de una consulta alternativa para el 9 de noviembre.
Poco ha sorprendido la decisión al líder de ERC, Oriol Junqueras, quien ha pedido al Govern que tome nota y «actúe en consecuencia», al tiempo que ha advertido a Mas de que «no sirve de nada» negociar con el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, después del 9N.
En el mismo Tribunal Supremo, UPyD ha ampliado por segunda vez su querella contra el presidente de la Generalitat para incluir nuevos hechos en sus acusaciones, vinculados a la preparación de la consulta alternativa, que la Generalitat define como «proceso participativo», y ha ampliado su querella a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y a los cuatro miembros de la Mesa de la cámara de los partidos soberanistas.
Asimismo, el sindicato Manos Limpias ha ampliado por sexta vez su querella contra el presidente de la Generalitat, ahora por «insubordinación» al TC, también por mantener los preparativos para el nuevo modelo de consulta soberanista en Cataluña el 9N.
Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña el uso «ilegítimo» de los datos personales de los catalanes para el 9N, lo que en opinión de esta plataforma antisoberanista podría ser constitutivo de un delito de revelación de secretos.
En su escrito de denuncia ante la Fiscalía, SCC constata que la Generalitat está enviando a los domicilios de los catalanes «propaganda» personalizada, con nombres y apellidos, en la que anima a la participación para pronunciarse «sobre el futuro político de nuestro país».
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