UGT-A ha presentado un nuevo recurso contencioso-administrativo contra las seis resoluciones de reintegro notificadas por la Junta en el que la acusa de emprender «injustificadamente» una causa general «indiscriminada» contra todas las actividades formativas del sindicato para «limpiar su imagen».
En un comunicado, el sindicado sale así al paso de la información aportada hoy por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, quien ha dicho en el Parlamento que la Junta ha reclamado a UGT la devolución de 15,3 millones de euros por las irregularidades detectadas en los expedientes de las subvenciones recibidas por el sindicato a raíz de la investigación abierta por el caso de las presuntas facturas falsas.
«La Junta debe contestar a estas preguntas: si en los años investigados dio por buenas las justificaciones de los programas, ¿por qué ahora, cinco o en algunos casos seis años después, cambia de criterio? ¿No hizo bien su trabajo la Junta de Andalucía? ¿O busca ahora un chivo expiatorio para preservar su imagen y su respaldo electoral?», señala UGT en el comunicado.
Según el sindicato, la administración pública y todos los andaluces deben saber que UGT no aceptará responsabilidades que le correspondan, porque recuerda que desarrolló y llevó a término todos y cada uno de los expedientes investigados, presentaron «todas y cada una» de las justificaciones necesarias ante la Administración «y la Junta no solo las aceptó y las revisó».
Recuerda que la Junta también las dio por buenas «y por lo tanto las validó», por lo que dice que no va a aceptar que «se erija en la nueva inquisición española y que intente quemar en la hoguera a la Unión General de Trabajadores de Andalucía con tal de salvar su imagen».
«La Junta ha emprendido una causa general indiscriminada sin el menor fundamento fáctico previo, sin obedecer a un plan de inspección o a una actuación específica de comprobación o justificación sino por el mero pánico desatado en la clase política gobernante ante las informaciones publicadas en la prensa», añade el sindicato ugetista.
En su opinión, con la macrocausa de los fondos de formación la Junta «únicamente persigue un titular efectista, enviar un mensaje, un gesto, sobreactuar artificiosamente de cara a la sociedad y a los medios de comunicación para erigirse en paladín del interés general y a fin de preservar su imagen y su respaldo electoral».
UGT ha solicitado al juez la suspensión de ejecución de los expedientes de reintegro por considerar que «son completamente vagos e inconcretos, no señalan vicio alguno en la justificación de la subvención ni revelan la existencia de indicios que muestre la necesidad de revisar los expedientes».
«Es la administración quien debe demostrar que se incumplió alguna exigencia formal o material en el destino de la subvención y no UGT Andalucía quien ha de probar su inocencia justificando nuevamente unas subvenciones cuyo pleno cumplimiento ya acreditó en su día», añade la central sindical.
A su juicio, se trata de una «operación integral y orquestada mediante la que se pretende revisar exhaustivamente todos los expedientes de subvenciones sin que exista un concreto motivo para la incoación singularizada de los reintegros».
En el recurso se añade que «las operaciones holísticas y ciegas de revisión como las que ha emprendido la Junta de Andalucía contra UGT Andalucía son radicalmente inválidas porque conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva».
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