La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (i), y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (d), durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este viernes, | Emilio Naranjo

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El Gobierno ha aprobado este viernes un decreto que regula el procedimiento por el que todas las administraciones deberán hacer público a partir del próximo mes de octubre el plazo medio de pago a sus proveedores y que permitirá al Ministerio de Hacienda asumir esos pagos si están por encima del periodo establecido y después descontárselo a las comunidades y los ayuntamientos de su financiación.

El ministro Cristóbal Montoro ha presentado este procedimiento en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha celebrado que va en la línea de «transparencia» en la que trabaja el Gobierno. «Erradicar la morosidad es un gran objetivo del Gobierno y del país porque es clave para superar la crisis», ha reconocido.

Este real decreto da cumplimiento a la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que se introducía el concepto de periodo medio de pagos (PMP) como expresión del volumen de la deuda comercial, y se establecía la obligación de que todas las Administraciones Públicas hagan público su periodo medio de pagos.

Montoro ha explicado que esto permitirá «con claves homogéneas» conocer si efectivamente todas las administraciones reducen sus plazos hasta llegar a los límites establecidos legalmente, un objetivo que ve «al alcance de la mano».

En caso de que comunidades o ayuntamientos no cumplan con esta disposición, el real decreto permite al Ministerio de Hacienda intervenir «en su parte correspondiente del sistema de financiación autonómica o local para garantizar que los proveedores están cobrando en su tiempo».

«En el caso de que una comunidad autónoma o administración local tenga dificultades y no cumpla con los compromisos establecidos en la ley, el Ministerio podrá pagar esas facturas y se lo restará de la financiación correspondiente», ha expuesto Montoro.

Según ha detallado, el periodo medio de pagos de la Administración General del Estado en el primer trimestre de 2014 fue de 26,8 días, frente a los 41,7 días del primer trimestre de 2012. Y ha aprovechado para subrayar los mecanismos puestos en marcha por el Gobierno para ayudar a las administraciones, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el plan de pago a proveedores.

El Gobierno ha explicado que el procedimiento consta de las siguientes fases principales: el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunicará a la Comunidad Autónoma o Entidad Local el inicio del procedimiento de retención y solicitará la información para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a sus recursos.

Posteriormente, el Ministerio notificará el importe que será objeto de retención o deducción. La Comunidad Autónoma o Entidad Local, asimismo, remitirá la relación de facturas que conforman la propuesta de pago, cuya suma alcance el importe objeto de retención comunicado.

Para la selección de facturas, el criterio será la prioridad de pago a la obligación pendiente más antigua. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pagará directamente las facturas, con la consiguiente extinción de la deuda contraída por la Comunidad Autónoma o Entidad Local con dicho proveedor por el importe satisfecho. En todo caso, todos los intereses de demora y gastos que se devenguen, conforme a la normativa aplicable, serán abonados por la Comunidad Autónoma o la Entidad Local, según correspondan.

Los pagos que realice directamente el Ministerio no supondrán mayor gasto para la Administración General del Estado, ya que se sufragarán con cargo a recursos del sistema de financiación que corresponda. Tampoco para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales habrá impacto presupuestario, porque los importes que, en su caso, se retengan, se destinarán a pagos que la Administración correspondiente ya tendría que haber efectuado a sus proveedores.

La periodicidad del cálculo y publicación del PMP será mensual, excepto para determinadas entidades locales, las pequeñas no incluidas en el modelo de cesión de tributos, en las que el cálculo será trimestral. En el ámbito de la Administración General del Estado corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado el cálculo del PMP y la publicación se realizará a través de la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas.

Además, ha adelantado que el Gobierno tiene prevista una reestructuración de los créditos del FLA, que planteará el próximo jueves a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y aprobará el viernes de la próxima semana en el último Consejo de Ministros antes del verano.

Esta modificación permitirá que las autonomías «se beneficien» de la recuperación en la confianza en España y las condiciones en las que está financiándose el Tesoro Público. «Facilitar la liquidez y que tenga menor carga de intereses», ha insistido. Montoro también ha anunciado que el Gobierno aprobará una prórroga para que comunidades y ayuntamientos devuelvan las liquidaciones negativas de anteriores ejercicios.