Una vocal del CGPJ pide la retirada del anteproyecto de ley del aborto

Esta es una de las dos vocales encargadas de elaborar la propuesta de informe para su discusión en el Pleno del CGPJ. La otra es Carmen Llombart, del sector conservador, menos crítica con el anteproyecto.

Ambas deben diseñar una propuesta común o dos diferentes, según indicaron varias fuentes del CGPJ consultadas por Efe y en el segundo caso la propuesta de Sepúlveda se podría convertir en un voto particular de la minoría progresista del Consejo.

Pilar Sepúlveda aconseja retirar el anteproyecto pues a su juicio aleja a España de los países de su entorno y supone «un retroceso en el avance de los derechos y de la igualdad de las mujeres ya que anula el control por las mismas de su vida reproductiva impidiendo las posibilidades de participar en la economía y vida social de la nación a un nivel igual que los hombres».

Añade que el texto «vincula la interrupción voluntaria del embarazo a un control del Estado que incide de manera injustificada en su derecho a la intimidad, imponiendo la continuidad de la tutela del feto durante todo el embarazo pero muy especialmente durante los primeros meses no con la madre sino contra la madre, lo contrario de lo sostenido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Sepúlveda sostiene que la vigente ley, aprobada en 2010, prevé una regulación que sigue el modelo mixto y más extendido entre los países del entorno de España, basado en el sistema de plazos y de indicaciones para los casos de grave riesgo para la mujer embarazada y de anomalías fetales, las conocidas como indicaciones terapéutica y eugenésica.

Sin embargo advierte de que el anteproyecto opta por regresar al esquema de 1985 basado en el establecimiento de indicaciones tasadas que aleja a España de la práctica europea mayoritaria y de las recomendaciones de las organizaciones internacionales y sitúa a la regulación española en el ámbito de las más restrictivas en la materia.

También pone de manifiesto que el anteproyecto representa un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas «extralegales» o «paralegales» que generó la legislación de 1985, con abortos clandestinos, turismo abortivo e incluso «el tan denunciado fraude en la aplicación de la ley».

Para Sepúlveda es «un régimen aún más restrictivo en el que la mujer embarazada y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación, la dignidad, la vida y la integridad decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido, que no es titular de un derecho a la vida, sin que ello suponga que carezca de protección constitucional».

Además considera que no existe demanda social de protección del concebido lo que a su juicio se demuestra con la alarma social generada por el anteproyecto, «objeto de constantes y reiteradas críticas lanzadas desde todos los sectores jurídicos y sociales, también puestas de manifiesto por líderes políticos de países del entorno, por sus gobiernos y por las instituciones europeas».

Sepúlveda estima que el anteproyecto desconoce la evolución de la sociedad española al optar por una respuesta criminalizadora y recuerda que se trata de una cuestión sobre la que tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional, lo que a su entender, justifica también su retirada.

La vocal plantea que la protección del concebido debería ir acompañada de medidas y ayudas sociales para las mujeres en peor situación socio-económica y con políticas de prevención mediante la formación y educación sexual; teme que la mujer se convierta en «un mero instrumento al servicio de la maternidad».