El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado hoy prisión domiciliaria para el etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga, que fue excarcelado el verano de 2012 por enfermedad terminal, después de tomarle declaración acerca del asesinato del guardia civil Antonio Ramos, ocurrido hace 28 años.
Bolinaga ha comparecido ante Moreno por videoconferencia desde un juzgado de Bergara (Gipuzkoa), tras lo que el juez, a petición del fiscal Vicente González Mota, ha dictado prisión incondicional y comunicada, una medida que se llevará a cabo en su domicilio con las medidas de vigilancia necesarias, han informado fuentes jurídicas.
De este modo, solo podrá salir de su casa durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad y siempre con la vigilancia precisa.
El juez sostiene en el auto de prisión que fue Bolinaga el que realizó los disparos que acabaron con la vida de Antonio Ramos Martínez, el 8 de junio de 1986 en la localidad de Arrasate, por lo que le atribuye un delito de atentado terrorista con resultado de muerte.
Además de Bolinaga, el juez ha decretado prisión incondicional por estos hechos para los presos etarras que constituían con él el comando Bellotxa, Javier Ugarte Villar y José Luis Erostegi Bidaguren, a los que el juez ha tomado hoy también declaración en la Audiencia Nacional en relación con el asesinato.
La citación a declarar de Bolinaga se produjo después de que la Fiscalía pidiera al juez Moreno que reabriera el caso del agente asesinado basándose en un informe de la Guardia Civil que implicaba a Bolinaga y a los otros dos miembros del comando en este atentado.
Uribetxeberria ha llegado a los juzgados de Bergara pasadas las 12.15 horas acompañado de varios familiares, caminando ayudado de un bastón, vestido de negro con ropa de montaña y tocado con una visera negra con orejeras.
Bolinaga, que cumplía condena entre otras causas por el secuestro del funcionario de prisiones José Ortega Lara, se encuentra en libertad condicional desde el 30 de agosto de 2012 después de el juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, atendiera a los informes médicos en los que se decía que sufría un cáncer terminal y le daban para entonces un máximo de 9 meses de vida.
Poco antes de que se cumpliera un año de su excarcelación, la Fiscalía pidió nuevos informes médicos al observar que a día de hoy «ningún informe clínico aportado señala que el liberado se encuentre en situación de peligro para su vida».
En el último informe elaborado por forenses adscritos a la Audiencia Nacional, se sostenía que Bolinaga había sufrido un empeoramiento, por lo que «se mantiene la situación de enfermedad grave e incurable», no siendo «previsible el óbito» en los próximos tres o cuatro meses «salvo complicaciones».
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