El Gobierno no se plantea limitar las manifestaciones en el centro de las ciudades, sino que trabaja siempre en que en las protestas se respete los derechos de todos los ciudadanos, tanto de quienes las secundan pacíficamente como de los que no participan en ellas.
De esta forma la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha referido a la propuesta de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de restringir la autorización de manifestaciones en el centro de Madrid, idea que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado de «atinada», pero que no comparte la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha condenado los graves altercados registrados el pasado sábado en Madrid, una violencia que supone una «línea roja», atenta contra «las libertades de todos» y debe ser rechazada «sin matices».
Precisamente la Coordinadora del 22M, impulsora de las Marchas de la Dignidad, ha anunciado hoy que se ha reunido con tres observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para denunciar los «abusos» policiales que a su juicio se produjeron tras la manifestación del pasado sábado.
Los incidentes en las Marchas de la Dignidad, que se saldaron con 101 heridos- 67 de ellos policías- y 21 detenidos, ha originado una polémica en la que sus protagonistas han sido la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que reclamó «ordenar» la autorización de manifestaciones en el centro de la ciudad, y la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que replicó que esta propuesta afecta a derechos fundamentales como el de reunión.
A la pregunta de si el Gobierno quiere limitar las manifestaciones en el centro de las ciudades, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el Ejecutivo «no ha reclamado ninguna posición jurídica» al Ministerio del Interior ni al Ministerio de Justicia sobre esta cuestión, «ni se está trabajando en este sentido».
El Gobierno trabaja en conciliar su uso con los derechos de los ciudadanos que no participan en las protestas, ha destacado.
Tras explicar que a lo largo de la democracia se ha debatido, «y mucho», sobre el derecho de manifestación, la vicepresidenta ha dicho que cada protesta es analizada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno afectada para ver de qué manera los itinerarios «perjudican lo menos posible al resto de los ciudadanos».
«En este derecho y en su ejercicio -ha subrayado- vamos a buscar en todo momento y en cada manifestación concreta, de qué manera, preservando el derecho de manifestación, preservamos también los derechos y las libertades del resto de los ciudadanos para que se vean lo menos perjudicados posibles».
Sobre los incidentes del pasado sábado, Sáenz de Santamaría ha asegurado que la violencia «no tiene ninguna justificación», puesto que se trata de una «línea roja», cuya reacción en contra debe ser muy clara: «tolerancia cero frente a los violentos».
«La violencia es una línea que nadie debería matizar ni escatimar condena», ha dicho la vicepresidenta, que ha reconocido la labor de las fuerzas de seguridad en su trabajo para garantizar la seguridad y libertad de todos, tanto de los que se manifiestan pacíficamente como de los que deciden no hacerlo.
En relación a los sucesos del sábado, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid que acordó la libertad de un detenido.
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