Asimismo, el pleno del Alto Tribunal respaldó que el Gobierno utilizara el formato de decreto ley para la aprobación de la reforma laboral y concluye que la decisión no fue ni «abusiva» ni «arbitraria», ya que las medidas del decreto están «en conexión» con la situación de urgencia y se basan en «datos constatables relativos a la situación de crisis económica y desempleo».
El fallo, que cuenta con dos votos particulares, supone el rechazo de la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Juzgado de lo Social 34 de Madrid contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno por decreto ley en febrero de 2012 y subraya que no vulnera ningún derecho fundamental.
Esta es la primera vez que el Constitucional se pronuncia sobre el fondo de la reforma laboral, porque previamente había rechazado otras 16 cuestiones de inconstitucionalidad procedentes la mayoría del mismo juzgado porque no cumplían con los requisitos formales.
Respecto a la indemnización por despido improcedente, la norma la redujo de 45 a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades y estableció un sistema dual para los contratos fijos anteriores a la reforma laboral (45 días hasta su entrada en vigor y 33 días para el resto).
El TC niega que este precepto cause una discriminación clasista, ya que no prevé diferencias entre los trabajadores comprendidos en el supuesto regulado.
El auto descarta también que el precepto cuestionado carezca de explicación racional y recuerda que la Constitución da al legislador la facultad de configurar el régimen del despido, capacidad que incluye la posibilidad de establecer indemnizaciones tasadas.
Sobre la limitación del cobro de salarios de tramitación, insiste en que no fue una decisión arbitraria porque en su exposición de motivos la norma «explica las razones por las que el legislador justifica la supresión de los salarios de tramitación» cuando se opta por la indemnización y no por la readmisión del trabajador.
El tribunal recuerda que ya se ha pronunciado sobre este aspecto y ha dicho que discriminar el pago de salarios de tramitación, según se cobre la indemnización o se reingrese en la empresa, no supone «una diferencia de trato desproporcionada o irrazonable» y no vulnera «las exigencias del principio de igualdad».
El TC niega que esta medida viole el derecho al trabajo por suponer un incentivo a la rescisión indemnizada del contrato y sostiene que ese supuesto efecto incentivador es «una presunción» del órgano promotor de la cuestión de inconstitucionalidad.
Los siete magistrados que votaron a favor concluyen que «las dudas de constitucionalidad expuestas resultan notoriamente infundadas», aseguran que la norma «responde a una opción de política legislativa que no lesiona derechos constitucionales.
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