La Asamblea Nacional Popular (ANP), el máximo órgano legislativo de China, aprobó ayer dos esperados avances en política social y de derechos humanos del régimen comunista, el fin de los controvertidos campos de reeducación y la relajación de la no menos criticada política del hijo único.
Ambas decisiones han sido tomadas en la última reunión del año de la ANP, tras una semana de deliberaciones y un mes y medio después de que el Partido Comunista de China (PCCh) prometiera éstas y otras reformas sociales y económicas.
Los campos de reeducación mediante el trabajo (»laojiao») son abolidos casi 60 años después de que fueran instaurados por el régimen entonces liderado por Mao Zedong, «tras cumplir su misión histórica», según aseguró ayer la agencia oficial Xinhua.
La ANP especificó que, una vez promulgada la resolución, aquellos que cumplen pena en estos centros serán libres, aunque también subraya que los castigos que fueron impuestos antes de la abolición son «válidos».
El sistema de campos de reeducación fue instaurado en 1957 como un sistema para posibilitar castigos rápidos a delincuentes menores y ordenar privaciones de libertad de hasta cuatro años sin necesidad de sentencia judicial (bastaba con una decisión policial).
El «laojiao» acabó convirtiéndose en una herramienta política y sirvió por ejemplo para privar de libertad tanto a intelectuales (en las campañas contra «derechistas» de 1957) como a muchos de los estudiantes que participaron en las protestas de Tiananmen de 1989.
Los abusos siguieron en décadas posteriores, y además de servir de centros de retención contra prostitutas, drogadictos o ludópatas, se utilizaron como castigo a sujetos «incómodos» para el régimen, desde disidentes a peticionarios o miembros del movimiento espiritual Falun Gong, prohibido por Pekín en 1999.
El pasado año, el caso de Tang Hui, una madre china que fue confinada en estos campos por pedir a las autoridades justicia contra quienes habían violado y prostituido a su hija de 11 años, sensibilizó enormemente a la sociedad nacional y se multiplicaron las voces contra estos campos, incluso en el seno del régimen.
Estimaciones de grupos de derechos humanos calculan que hasta 300.000 personas por año fueron confinadas en estos centros, muchos de ellos secretos y que según organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos violaban la Convención Internacional de Derechos Políticos y Civiles, firmada por el Gobierno chino en 1998 pero aún no ratificada.
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