El Gobierno anula la subasta y busca una vía para evitar la subida de la luz

Tras advertir el jueves de que iba a «intentar arreglarlo», en referencia al encarecimiento eléctrico, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicó ayer que «el Gobierno está trabajando en un procedimiento para fijar un precio alternativo al de la subasta», que tachó de «exagerada» y «en absoluto justificada».

La subasta Cesur celebrada anteayer arrojó un incremento del coste de la energía del 25,6 %, lo que supondría un alza en la tarifa final del primer trimestre de 2014 del 10,5 %, a lo que habría que sumar el incremento de los peajes avanzado por el Gobierno.

Los repuntes en el precio de la energía -que determina la subasta- y los peajes -que fija el Gobierno para retribuir las actividades reguladas- hubieran supuesto el mayor incremento de la tarifa de último recurso, a la que están acogidos más de 16 millones de consumidores, desde la liberalización del mercado en 1997.

En esta situación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió ayer no validar la subasta Cesur ante «la concurrencia de circunstancias atípicas y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas» que ya estaban siendo investigados por el regulador.

Saénz de Santamaría precisó que estas «circunstancias atípicas» afectan tanto al volumen subastado como al número de rondas celebradas y serán detalladas en un informe que publicará la CNMC en las próximas dos semanas.

Tal y como establece la normativa vigente, esta invalidación ha sido revisada por el Ministerio de Industria, que ha resuelto suspender la aplicación del resultado de la subasta para el cálculo de la tarifa.

Estos supone que «no se va a producir la subida del 10,5 % que establecía el precio de la subasta», dijo Sáenz de Santamaría.

Sin embargo, explicó, la normativa no prevé cómo fijar el precio en caso de que se invalide la aplicación de la subasta, por lo que «el Gobierno y el Ministerio de Industria trabajan para establecer un procedimiento que permita establecer el precio de la energía conforme a criterios objetivos y transparentes», que será aplicable desde el 1 enero.