El Ayuntamiento de Martorell ha reclamado a los responsables de la seguridad ciudadana «medidas preventivas» para vigilar a Manuel González, conocido como 'el loco del chándal', autor en los años 90 de varias agresiones sexuales a mujeres, tras conocerse que reside en este municipio del norte del Baix Llobregat.
En un comunicado público, el consistorio, del que es alcalde el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, informa que ha podido confirmar que González reside en una vivienda particular de unos familiares en Martorell, lo que ha provocado la «preocupación» de la administración municipal.
El Ayuntamiento ha pedido a los responsables de seguridad «medidas preventivas» ante la presencia del antiguo preso, liberado hace unos días después de la derogación de la 'doctrina Parot' tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Representantes municipales se han reunido con los vecinos del inmueble donde reside el 'loco del chándal' para compartir formalmente la información recabada por el consistorio y exponerles su posicionamiento al respecto.
El Ayuntamiento informa a la ciudadanía de que ha tomado todas las medidas a su alcance para garantizar la seguridad de los vecinos y para «restituir la normalidad y la calma».
Manuel González agredió a principios de los años 90 con arma blanca a 16 mujeres a las que también hizo tocamientos en zonas genitales, y le provocó la muerte a una de ellas; por todo ello fue condenado en 1997 a 169 años de cárcel.
Un reciente informe médico del 25 de octubre elaborado ante su inminente excarcelación, alertaba del «riesgo alto de reincidencia en delitos violentos» y calificaba su trastorno de sadismo sexual por una preferencia sexual desviada.
Mientras tanto, el consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, reconoció que pude generar «cierta alarma» en la población el hecho de que 'El loco del chándal' pueda fijar su residencia en el municipio sevillano de Almadén de la Plata, si bien subrayó que «ha cumplido ya el tiempo de prisión que ha cumplido» y, por tanto, «hay que darle la oportunidad de reinsertarse, que está en la ley».
En declaraciones a los periodistas en Cádiz al ser preguntado sobre este asunto, De Llera lanzó «un mensaje en principio de tranquilidad», puesto que esta persona ha cumplido condena y «la finalidad de las penas privativas de libertad es la rehabilitación y la reinserción».
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