La primera «marea verde» tras la aprobación de la nueva ley de Educación -Lomce- terminó con protestas del Sindicato de Estudiantes (SE), que a lo largo de la marcha reclamaron una huelga general, que no fue apoyada por el resto de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública.
La «Marcha a Madrid», a la que se sumaron organizaciones de distintas comunidades autónomas, partió al mediodía de la Plaza de España y terminó sobre las 14 horas frente al Ministerio de Educación, con la lectura de un manifiesto por parte de una madre, una profesora y una estudiante.
La representante del Sindicato de Estudiantes, Ana García, que se encontraba en la tribuna, junto al resto de los portavoces de las ocho organizaciones que integran la plataforma, intentó pronunciar unas palabras, pero se lo impidieron porque se había acordado que no iban a participar todas las entidades.
Los jóvenes que se encontraban detrás de la pancarta del Sindicato de Estudiantes comenzaron a gritar «Libertad de expresión» para exigir que dejaran hablar a su portavoz y se produjeron algunos empujones antes de dar por concluida la manifestación.
Como en las marchas anteriores celebradas en contra de la «ley Wert», familias, profesores, organizaciones sociales, sindicatos y algunos políticos -en la de ayer estuvo presente el secretario de Organización del PSOE, Oscar López- salieron a la calle en defensa de la educación pública.
Antes del inicio de la concentración, la portavoz de los estudiantes hizo un llamamiento a la convocatoria de una nueva huelga general y educativa de tres días «para dar el golpe definitivo al ministro Wert».
«El movimiento unitario de toda la comunidad educativa permite llegar al momento de máxima debilidad de Wert; ahora hay que golpear con toda contundencia», ha dicho.
El resto de los miembros de la plataforma, los sindicatos UGT y CCOO y los representantes de los padres -Ceapa- respondieron que no es el momento de plantearse una nueva huelga, aunque respetan la decisión de los estudiantes.
Para Carlos López, de UGT, «se abre un nuevo horizonte» en el que propone construir las bases de una nueva ley para dentro de dos años, «cuando se derogue la ley Wert», en torno a un pacto.
También el representante de Ceapa -Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos- apostó por un pacto por la educación en el futuro y «por la unidad y la cohesión».
Desde CCOO, Pablo García advirtió de que «al Gobierno le espera un calvario jurídico, no sólo de parte de Comisiones sino de toda la plataforma» y anunció que pedirán al Defensor del Pueblo que recurra la ley ante el Constitucional.
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