Interior impedirá que los etarras reciban prestaciones sociales

«El Gobierno está desde el primer día trabajando para evitar situaciones injustas como que los terroristas se beneficien con las prestaciones sociales del Estado que han tratado de dinamitar», ha dicho.

En su intervención el ministro se ha hecho eco del recurso que ha presentado la etarra Inés del Río contra el bloqueo de los 30.000 euros de indemnización a cargo del Estado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo incluyó en la sentencia que derogó la 'doctrina Parot'.

Fernández Díaz ha manifestado su disposición a introducir una modificación legal para fijar el requisito de haber satisfecho la responsabilidad civil para recibir ayudas. «Nos vamos a esmerar», ha zanjado.

La etarra Inés del Río debe aún al Estado 19 millones de euros en concepto de responsabilidad civil derivada de sus atentados, han informado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista. Por esta razón el Gobierno ha bloqueado esos 30.000 euros de indemnización a los que hay que sumar otros 1.500 en concepto de costas del proceso.

El ministro ha hecho estas declaraciones en respuesta a la interpelación que le ha formulado la líder de UPyD, Rosa Díez, quien ha solicitado que se impida a los miembros de ETA acceder a subsidios como el de desempleo hasta que no pidan perdón por sus crímenes o colaboren con la Justicia. La formación magenta presentará este jueves una petición para que esta cuestión se debata en tres semanas como una moción.

Díez ha denunciado que se trata de un «atropello, una vergüenza y una tropelía que los terroristas no sólo se rían de los muertos después de matarlos, sino que se rían de todos los españoles cuando salen de prisión».

Violadores
El ministro se ha mostrado dispuesto no sólo a estudiar esta posibilidad, sino también a incluir medidas complementarias que afecten incluso a otro tipo de ayudas como el subsidio de excarcelación o becas.

Además ha añadido que esta medida podría afectar a otro tipo de «criminales especialmente abyectos» como violadores y ha puesto como límite la Constitución Española a la hora de afrontar este asunto.