La juez Alaya abre la puerta para imputar a Griñán y Chaves por los ERE

En un auto difundido por el PP-A y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya comunica la existencia del procedimiento "en calidad de imputados" y a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tanto a Chaves y Griñán como a los exconsejeros Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo.

De este modo, y en un auto dictado este mismo martes, coincidiendo con la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz, la juez da traslado de las actuaciones y de los próximos señalamientos de declaraciones a todos ellos a fin de que puedan personarse en la causa "si ese fuera su interés".

Alaya asevera en el auto que el estado de la investigación "presenta ahora unos elementos configuradores mucho más precisos que hace relativamente poco tiempo".

Al hilo, dice que "sin variar el núcleo esencial, que sería la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido", dichos elementos "oscilan" ahora "desde las sobrecomisiones que supuestamente la Junta permitió cobrar a las mediadoras que gestionaban e impulsaban las pólizas, vehículo de las subvenciones, y ello a cambio de ciertos favores, a las modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde abril de 2000 ese uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación, creando la partida fraudulenta a través de un trasvase de fondos de la partida presupuestaria adecuada para la concesión de subvenciones, que ascendió a más de 93 millones de euros en menos de dos años".

MILLONARIOS DESFASES
A juicio de la instructora, el convenio marco de 17 de julio de 2001 "no constituyó pues el inicio, sino la continuidad, del sistema, pues a partir del año 2002 tuvo el sistema de las transferencias de financiación su acogida en el propio presupuesto", añadiendo que "las indiciarias consecuencias de su instauración son ya conocidas: eludir el cumplimiento de la Ley de Subvenciones, que sujetaba el procedimiento a estrictos trámites y los controles de la Intervención, provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década".