El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar a partir del 13 de agosto en calidad de testigos a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y los exsecretarios Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, "en atención en la responsabilidad que habrían ostentado" en la formación. Tanto Cospedal como Arenas han renunciado a declarar en su despacho y acudirán a la Audiencia Nacional.
El magistrado ha citado a Cospedal el 14 de agosto a las diez de la mañana y debido a su cargo de presidenta de la Castilla La Mancha --que le confiere la cualidad de aforada-- el magistrado especifica que, si así lo requiere la interesada, se desplazará a su despacho de Toledo para tomarle declaración.
El día anterior, 13 de agosto, interrogará en la Audiencia Nacional a Álvarez-Cascos y Arenas. El primero ha sido citado a las once y media de la mañana mientras que el segundo tendrá que comparecer a las doce y media.
El magistrado entiende que estas tres testificales resultan "pertinentes, útiles y necesarias" en atención "a la responsabilidad que cada uno de los testigos propuestos habría ostentado al frente de la Secretaría General de la formación durante los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos".
A fin de "no incurrir en incongruencia" Ruz considera que no sólo debe declarar la actual secretaria general --como había indicado el fiscal en su informe-- sino también Arenas y Álvarez Cascos en tanto que ostentaron la misma responsabilidad orgánica dentro del partido.
En un segundo auto, el juez Ruz incorpora a la causa los archivos del 'pen drive' que Bárcenas aportó en su declaración del pasado 15 de julio y solicita un informe pericial informático sobre esos archivos que acredite extremos como las fechas de confección y cualquier información de carácter técnico que guarde relación con su contenido.
Fuentes del PP han indicado que María Dolores Cospedal ha decidido declarar el 14 de agosto en la Audiencia Nacional, renunciando así al privilegio que le otorga su cargo como presidenta, ya que podía hacerlo en su despacho. Esta decisión se ha tomado por respeto a la institución que representa y para evitar molestias al juez Pablo Ruz, que tendría que desplazarse a Toledo, según las mismas fuentes.
La propia secretaria general del PP se ha mostrado "encantada de poder colaborar" con la justicia en este caso "y poder decir en sede judicial la verdad". Según ha dicho, así podrá "contestar a tantas mentiras y calumnias que se están vertiendo" sobre el caso Bárcenas.
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