El Vaticano elimina la cadena perpetua

Concretamente, el Motu Propio introduce figuras delictivas concernientes a los delitos contra la humanidad y prevé el castigo específico de delitos como el genocidio y el apartheid, según lo dispuesto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Asimismo, revisa el capítulo de los delitos contra la administración pública, en relación con la Convención de las Naciones Unidas de 2003 contra la corrupción.

Por cuanto respecta a las disposiciones de procedimiento penal se recogen los principios generales del proceso justo en un plazo razonable y de la presunción de inocencia de los acusados, y se refuerzan los poderes cautelares a disposición de la autoridad judicial.
En el mismo documento, el Pontífice modifica el artículo 116 del Código Penal, relativo a 'Delitos contra la patria', para reformular y configurar los delitos de sustracción, robo de documentos reservados y divulgación de noticias, para los que fija una pena de 6 meses a dos años, en casos leves, y de cuatro a ocho en casos más graves.

Esta modificación tiene lugar después de que se produjera el escándalo 'Vatileaks', por el que el exmayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, fue arrestado, juzgado y condenado a una pena de 18 meses por robo de documentos reservados del departamento pontificio, aunque después recibió la gracia de Benedicto XVI.

Además, el texto introduce un sistema de sanciones de inhabilitación y multa "por todos los casos en que se realicen actividades criminales cometidas por los órganos o empleados".

Concretamente, indica que, a efectos de la ley penal del Vaticano son equiparados a "funcionarios públicos": los miembros y empleados de los distintos organismos de la Curia Romana; los legados papales y el personal con rol diplomático de la Santa Sede; las personas que ejerzan funciones de representación, administración o dirección; y cualquier persona titular de un mandato administrativo o judicial en la Santa Sede.
Por otra parte, especifica en la ley complementaria penal, de acuerdo a la Convención de la Tutela de Menores, "delitos contra menores, relacionados con la venta, prostitución, reclutamiento y violencia sexual, pornografía infantil, tenencia de material de pornografía infantil y abusos sexuales contra menores".

La reforma considera también la reformulación de la normativa concerniente a la cooperación judicial internacional, con la adopción de medidas de cooperación apropiadas a las convenciones internacionales más recientes para adoptar "instrumentos jurídicos adecuados que permitan prevenir y combatir la delincuencia, favoreciendo la cooperación judicial internacional en materia penal".

"El bien común está cada vez más amenazado por la delincuencia transnacional organizada, por el uso indebido del mercado y de la economía, así como por el terrorismo", precisa el comunicado vaticano.