Dirigentes socialistas, con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al frente, arremetieron ayer contra el auto de la juez Mercedes Alaya en el que la magistrada que investiga los ERE fraudulentos imputa a una veintena de altos cargos y exaltos cargos del Gobierno andaluz.
Griñán declaró a los periodistas que el escrito de la juez "no contiene absolutamente ningún reproche penal", por lo que considera que es "manifiestamente recurrible", además de subrayar que "a ninguna de las personas contenidas en ese auto", a los que calificó como "servidores públicos", se les hace ningún reproche de ese tipo.
Desde Madrid la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, puso "la mano en el fuego" tanto por la exministra de Fomento Magdalena Alvarez, que era consejera andaluza de Economía y Hacienda, -imputada en el último auto- como por Griñán, que la sustituyó en el cargo y sobre quien dijo que no teme que la juez pueda citarle.
Valenciano evidenció la "precisión de reloj suizo" en la comunicación de los autos judiciales coincidiendo con hechos destacados para el PSOE-A y para los andaluces.
"Es bastante chocante de qué manera tan precisa la juez Alaya coordina la comunicación de sus autos con hechos políticos importantes del PSOE-A", remachó, y puntualizó que no acusaba "a nadie de prevaricación, ni muchísimo menos", sino que era una opinión.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, criticó la "indefensión" y el "escarnio público gratuito" a los que a su juicio ha sometido Alaya a servidores públicos "honestos" y opinó que los está imputando "al margen" del Código Penal.
"Quizá esta imputación no llegue a ningún sitio pero el daño político y personal que están padeciendo ya estas personas será irreparable", ha afirmado Vázquez en su blog, donde añade que la juez imputa "a los que no están aforados para no perder la causa, dentro de la investigación de un posible fraude en los expedientes de regulación de empleo".
El portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, ha advertido de que la juez, al considerar inadecuado el procedimiento de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, está cuestionando la Ley de Presupuestos, que aprueba la Cámara autonómica.
"La señora (Mercedes) Alaya ha decidido que el procedimiento por el que se ejecutaban los fondos es ilegal, con lo que el kilómetro cero de esa ilegalidad es el Parlamento, donde se aprueba la Ley de Presupuestos", ha aseverado De la Chica en conferencia de prensa, en la que ha calificado esta situación de "inaudita".
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), ha dicho que ningún imputado o procesado "puede estar en el Gobierno ni en ningún cargo de responsabilidad".
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