La Agencia Tributaria ha admitido que a la hora de entregar al juez del 'caso Nóos', José Castro, un informe sobre las propiedades de la Infanta Cristina no validó información llegada de terceros que aludía a la supuesta venta de 13 fincas.
Así lo han señalado a Europa Press desde la Agencia Tributaria, que no ha identificado el origen completo de los datos que han originado la atribución a la Infanta Cristina de la venta de un total de 13 fincas por 1.435.603.
Tras la petición por parte del juez Castro recibida el pasado 13 de mayo, la Agencia Tributaria remitió el pasado viernes "la información relativa a los conceptos especificados" que obraban en su base de datos y una aclaración en la que dejaba claro que se trataba de datos facilitados "por terceros" en cumplimiento de los deberes de suministro de información que impone la normativa tributaria.
En este sentido, la Agencia Tributaria ha aclarado que la contestación al juzgado se ha atenido "a los estrictos términos de la petición de datos efectuada" por el juez del 'caso Nóos' y "comunicando al juzgado los datos aportados a la AEAT por terceros, sin que los datos suministrados hayan sido objeto de valoración jurídica tributaria".
"Por lo tanto", ha señalado la Agencia Tributaria, "no cabe extraer directamente de los propios datos efectos ni consecuencias directas en materia jurídico tributaria".
Asimismo, el organismo de recaudación tributaria ha enfatizado además que las facultades para comprobar la situación de los contribuyentes "están afectadas por el plazo de prescripción de cuatro años" previsto en la Ley General Tributaria. La petición del juez Castro hacía relación a los bienes y cuentas corrientes de la Infanta Cristina desde el año 2002, inclusiva, a la actualidad.
Finalmente, la Agencia Tributaria ha rechazado de forma "tajante" la "insinuación" realizada por un diario relativa a la supuesta "alteración intencionada" de los datos "para restar credibilidad a la investigación y que se tratara de una intoxicación premeditada".
PROVIDENCIA
El juez instructor del 'caso Noós' ha dictado este lunes una providencia para investigar la venta de las trece fincas, realizadas entre los años 2005 y 2006.
Las operaciones se habrían producido poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de Barcelona. Un extremo que la hija del Rey Don Juan Carlos ha negado a través de un portavoz autorizado.
Concretamente, el magistrado ha reclamado a los registradores de la propiedad de Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) las hojas registrales correspondientes a cada uno de los inmuebles, lo que le permitirá averiguar el historial jurídico de las distintas fincas y los cambios que se han producido en su propiedad desde su creación.
El reciente informe de Hacienda señala que de la información aportada por notarios y registradores no se deduce la existencia de transmisiones el periodo 2002 a 2004 y tampoco desde 2007 a 2012. Las ventas se concentran entre 2005 y 2006, poco después de que adquiriera junto con su marido, Iñaki Urdangarin, el denominado Palacio de Pedralbes en Barcelona, en octubre de 2004.
Así, en febrero de 2005 constan dos ventas en la zona de la Playa de San Juan de Alicante. Una por valor de 162.283 euros y otra por 6.000 euros. A finales de ese año, en el mes de noviembre, se registraron hasta cinco ventas de diferentes fincas ubicadas en Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real). Concretamente vendió propiedades por 910 euros (finca denominada Lavaderos), 5.725 euros (Los Pocillos), 2.636 euros (Lomillas), 46.500 euros (finca en la Calle Los Carros) y 843 euros (Cerro de la Cruz).
El año siguiente, en 2006, el informe refleja que Doña Cristina vendió en marzo una propiedad en Calella (Barcelona) por 450.000 euros y otras cinco en Pilar de la Horadada (Alicante) ese mismo mes, unos días más tarde.
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